La muerte de Sonia Sainz-Maza en el verano de 2020 -durante la pandemia- se convirtió en uno de los casos más notorios del colapso que experimentó el funcionamiento de la sanidad durante la crisis de la covid. Sin embargo, el cúmulo de errores médicos que desembocaron en su fallecimiento a los 48 años de edad comenzó antes, incluso, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha condenado a Sacyl a indemnizar a su familia con un montante global de 150.000 euros.

El fallo judicial estima parcialmente la demanda de sus deudos y establece que se produjo «un retraso de diagnóstico o un error de diagnóstico» cuando a esta mujer, vecina de Espinosa de los Monteros, le diagnosticaron una lumbociatalgia cuando en realidad sufría un cáncer de colon que con el tiempo, y por culpa de haberle pautado «un tratamiento inadecuado», se extendió a otras partes de su organismo.

Fue en octubre de 2019 cuando la mujer acudió al centro de salud de Espinosa con una analítica que revelaba una anemia ferropénica. Su médico de cabecera le prescribió un suplemento de hierro oral. Después de ello acudió con un dolor infraumbilical -el mismo doctor le recetó fosfomicina-. Y en febrero de 2020 volvió a ir y fue diagnosticada de lumbociatalgia, de manera que le pautó diazepan y vimovo. Y tampoco ordenó realizar prueba alguna.

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