La resolución del contrato de venta de los terrenos de la vieja plaza de toros para la construcción de un nuevo coso cubierto polivalente suscrito entre el Ayuntamiento arandino y Toros Ricor ante los numerosos incumplimientos por parte del adjudicatario tiene todas las papeletas para acabar en los tribunales.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento arandino ya ha dado por «amortizados» los intentos de alcanzar una rescisión negociada ante la negativa de ambas partes de poner sobre la mesa una valoración económica sobre la que iniciar las conversaciones para que el empresario se desprenda del inmueble y pase a integrar el patrimonio municipal.
Tras este fracaso, y el anterior de tratar de subsanar todas las deficiencias para otorgar la licencia de apertura definitiva, la hora de ruta diseñada marca como siguiente paso marca tratar de lograr pactar la devolución expedita de los terrenos, lo que implicaría el desmontaje y demolición de la flamante plaza de toros.
Un trámite que tiene todos los visos de que no va a prosperar puesto que, como ya reconoció ayer el concejal de Urbanismo, José Ignacio Díez, existen importantes discrepancias entre la empresa y el Consistorio, ya que ésta considera que implicaría el pago de ciertas compensaciones por parte de la administración local y los representantes municipales entienden que no ha lugar a ningún tipo de indemnización.
Un planteamiento que aboca a que el contencioso se llevará finalmente a la vía judicial y a que habrá que esperar aún unos años a que su resolución tenga carácter firme. «La empresa ya ha deslizado que requeriría una cierta compensación económica, pero al Ayuntamiento, a falta de la justificación que presente la empresa, nos parece que no tendría sentido», explica Díez. Los representantes de Toros Ricor ya avanzaron en el último encuentro que requerirían una indemnización por las importantes obras que se les obligó a acometer en la temporada anterior a requerimiento del Ayuntamiento, entre otras, para ampliar las dimensiones del ruedo, y que no han satisfecho esa inversión.
De cara a esta última fase de la negociación la Junta de Gobierno Local acordó ayer instar a la alcaldesa, Raquel González, a que los servicios de contratación elaboren un informe intensivo sobre los posibles incumplimientos contractuales del contrato suscrito, más allá del ámbito urbanístico que ya está perfectamente delimitado, como puede ser todo lo relativo a las mejoras ofertadas por el empresario (piscinas, museo taurino, escuela de tauromaquia...), la imposibilidad de disfrutar por parte del Ayuntamiento de los 12 días anuales o la no organización de la feria taurina de este año.
El edil anunció que la próxima reunión prevista con Victoriano del Río ha quedado pospuesta hasta que se disponga de las conclusiones de ese informe.
RECURSO. Por otra parte, la Junta de Gobierno desestimó ayer un recurso de reposición presentado por Toros Ricor contra un acuerdo de este órgano del mes de junio que rechazó la solicitud de suspensión de la orden de paralización de las obras de 21 de abril de 2006 y de autorización de la continuación de las obras relativas al proyecto de ejecución de la plaza de toros, por entender que no procede porque esa orden ha decaído con acuerdos de 2008 y 2011 de concesión de licencia para el acondicionamiento de la casa del guardés y para el modificado del proyecto de ejecución del coso, respectivamente, y carece de virtualidad jurídica.
«En el recurso no se quiere admitir que la orden decayó tácitamente con los acuerdos municipales de concesión de licencia. Se admite tácitamente para que esa orden de paralización de facto afecte a la realización de las plazas de aparcamiento, apreciación absolutamente excesiva pues en la orden en ningún momento se habla de ello. En realidad las obras de construcción del parking nunca han sido objeto de tramitación municipal puesto que en ningún momento se ha pedido licencia para su realización», explica Díez.