Eran los años del boom del ladrillo. Entonces ocurrieron los hechos que la Audiencia Provincial juzgará la próxima semana. Los administradores de Promociones Algas 5, J.D.O., M.A.G. y R.A.G. se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 7 años de prisión como presuntos autores de un delito de estafa agravada o alternativamente de un delito de apropiación indebida agravado. Asimismo, el fiscal les reclama una indemnización de 416.830 euros para los propietarios de tres viviendas que levantaron en Villarcayo entre 2006 y 2008, a razón de 185.564 euros para un matrimonio afectado; otros 121.146, para el segundo; y 110.120, para una última propietaria, puesto que, entre otras cosas, tuvieron que asumir un préstamo solicitado por la promotora para poder escriturar sus viviendas y que no entraran dentro de los bienes afectados por un concurso de acreedores.
Para las esposas de los constructores, el fiscal plantea el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones, al considerar que «no han participado en los hechos presuntamente constitutivos de los delitos de estafa y apropiación indebida, ya que no son administradoras ni han tenido ninguna participación en la actividad de Promociones Algas 5». No obstante, están pendientes de una sentencia del Juzgado de lo Penal de Burgos como presuntas autoras con sus maridos del delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible, al haber liquidado el régimen de gananciales de sus matrimonio y optar por una separación de bienes, en la que se adjudicaron numerosas propiedades poco antes de iniciar el concurso de acreedores en 2008.
Una de las cuestiones principales que sostiene la acusación del fiscal es que, a su juicio, los contratos, primero de opción de compra y después de compraventa que la promotora suscribió con los denunciantes tenían «condiciones claramente engañosas». En ellos se indicaba «a sabiendas de su falsedad y con expreso ánimo de inducir a error y ganarse la confianza de los futuros compradores, que las cantidades que fueran entregadas a cuenta... estarían aseguradas por una entidad bancaria o en su caso la promotora llevaría a cabo un seguro». Pero nunca estuvieron aseguradas.
Además de ello, los acusados firmaron un préstamo hipotecario a promotor, de tal manera que según iba avanzando la certificación de las obras, el banco iba desembolsando dinero. En total, vía préstamo obtuvieron 1,8 millones para la promoción de una docena de unifamiliares. Construcciones y Reformas Algas, ligada a los mismos acusados, ejecutó las obras entre los años 2006 y 2008. A la vez que recibían el dinero del préstamo, los denunciantes les iban abonando abultadas cantidades a cuenta, tal y como marcaba el contrato de compraventa, que cifraba el precio de las casas con la parcela en 192.924 euros.
Otro de los problemas más graves llegó cuando los promotores anunciaron a los afectados que iban a entrar en concurso de acreedores. El fiscal explica que en 2008 se les «informó de que debido a la insostenible situación económica en que se encontraba la constructora, tenía que presentar de forma inminente concurso de acreedores» y se les indicó que «corrían por ello el riesgo de que terceros acreedores» se quedaran con sus futuras casas cuando para entonces habían adelantado a cuenta las cantidades de 201.663 euros en un caso; 150.194 euros en otro y 130.880 euros en el último, pero las casas estaban sin terminar.
Préstamo. Para evitarlo y siguiendo el consejo de los promotores suscribieron escritura pública de compraventa sobre la parcela, pero asumiendo en proporción al terreno el préstamo suscrito en su día por la promotora con el banco. Así, las indemnizaciones que reclama el fiscal por un total de 416.830 euros se corresponden con el desembolso a mayores que tuvieron que realizar los denunciantes para hacer frente al préstamo de la promotora y acabar sus casas.
Aquel concurso de acreedores fue calificado en 2010 «como culpable» por «haberse continuado con la actividad empresarial sostenida en base a una financiación de más de veinte entidades financieras... manteniéndose la actividad de la empresa cuando desde hacía más de un año no podía atender de manera regular los pagos».