El nuevo alcalde de Condado de Treviño, Ignacio Portilla, de Agrupación Independiente, elevado a este puesto en el mes de diciembre tras prosperar una moción de censura contra la alcaldesa del PP, Inmaculada Ranedo, mantuvo ayer un encuentro institucional con el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico. Un encuentro «amable», según lo calificó Portilla, y que Rico agradeció por «venir a su Diputación, que es la de Burgos», remarcó.
Y tras esas primeras palabras de ambos mandatarios, y quedando en un segundo plano el resto de asuntos abordados en el encuentro, ambos explicaron cómo van a afrontar, respectivamente, las instituciones que presiden el proceso impulsado por el Ayuntamiento treviñés de integrar el enclave burgalés en Álava.
Portilla dejó bien claro ante Rico que el Ayuntamiento «ha iniciado» el expediente de segregación, avanzando que según se vayan dando los pasos administrativos que contemplan los estatutos de autonomía tanto de Castilla y León como del País Vasco para estos supuestos, se requerirá a la Diputación el preceptivo informe.
Primero, en un plazo máximo de «dos meses», el Ayuntamiento aprobará de forma oficial la solicitud de segregación. «Está legalmente regulado en el Estatuto de Castilla y León, es una especie de ley de divorcio y se regula cómo se debe hacer y aplicar», ejemplificó. Dando por supuesto que desde el País Vasco -tanto el Gobierno como la Diputación Foral- van a apoyar la anexión, Portilla pidió que en ese proceso la Diputación de Burgos y la Junta «cumplan estrictamente la Ley» y «sean rigurosos», solicitando igualmente «el respeto a los deseos de los treviñeses».
Y es que tanto la Diputación como la Junta deben hacer, entre otras cosas, informes favorables para la segregación, basándose también en lo que la norma llama «mayores vinculaciones históricas, sociales, culturales y económicas». Y aquí ya se intuye un notable choque de posturas, ya que en el proyecto similar ya abordado desde el enclave hace más de una década los informes de Diputación y Junta fueron desfavorables.
«Les pedimos rigor, que realmente elaboren los informes, porque la anterior vez el asunto fue despachado con panfletos políticos sin ningún rigor, incluso insultantes para Treviño», dijo el acalde treviñés en la rueda de prensa compartida con Rico.
una década atrás
A ello el presidente de la Diputación de Burgos hizo varias referencias. Una a que «hay un camino jurídico que seguir que desde la Diputación seguiremos a rajatabla; nadie quiere saltarse la ley». Pero también recordó lo ocurrido hace más de una década en una ponencia en el Senado «en la que la posición de la Diputación era muy rigurosa en el contexto histórico, tanto jurídico como político de aquella época», dijo, postura que «posiblemente se mantenga en estos momentos», apunto. Y ello para enfatizar que esta postura es «la que marca el Estatuto de Autonomía… en la línea de no retocar el contenido de que Treviño es un enclave, pero es territorio de Burgos y de Castilla y León».
Por lo anterior, Rico valoró como «complicado» que prospere la iniciativa del Ayuntamiento, «y también porque en el Estatuto el referente de Condado de Treviño está claro», incluyendo incluso que este hecho «está abalado por el Tribunal Constitucional». En la línea expuso que la Diputación informará si es preceptivo, pero que «la última palabra la tiene la Comunidad Autónoma».
Para Portilla no son válidos los posibles convenios ni acciones para mejorar la prestación de servicios y los calificó como «parches». «Con Treviño en Álava mejoraban los servicios y se solucionaban los problemas», dijo, en referencia a cuestiones de sanidad, educación e infraestructuras entre otros asuntos.