La tensión entre los miembros de la Junta Vecinal de La Aguilera, que depende del Ayuntamiento de Aranda, aumenta hasta llegar a las manos. Una reunión celebrada este domingo en la pedanía arandina finalizó con un altercado entre el vocal de la agrupaciónEspaña Vaciada, Esteban Herrero, y el alcalde de la entidad menor, Luciano Burgos. El suceso derivó en una denuncia mutua por agresión en la Comisaría de la Policía Nacional.

Tal y como relata Herrero, en una reunión acerca del coto de caza, después de haber solicitado información sobre las cuentas de esta actividad, mantuvo un forcejeo con uno de los asistentes que le había mandado callar. Tras este desencuentro, el vocal asegura que fue sujetado por varias personas y golpeado en la cara por el propio Burgos.

El concejal Herrero explica que este conflicto se saldó con su propia expulsión de la reunión, pero que antes de salir le propició «dos capones en la cabeza a Luciano Burgos», al ver que se reía de la situación. El edil cuenta que se puso en contacto con el 112 para avisar de la agresión y que acudió al hospital para que se le examinara, antes de, finalmente, dirigirse a la Comisaría a interponer la denuncia con el parte de lesiones. «Al llegar a la Policía, allí se encontraba también Luciano Burgos», aclara. 

Por su parte, el alcalde pedáneo confirma que también ha presentado una denuncia por agresión al edil. «Mi versión está escrita, así que cuando la vea el Juez, ya decidirá qué hacer», aclara Burgos. Asegura que el vocal no dice toda la verdad en sus declaraciones y que el propio Herrero ha reconocido que lo agredió. El responsable de La Aguilera prefiere no explicar ningún detalle más a DB sobre lo ocurrido porque no lo considera necesario.

La depuradora. La tensión entre los dos miembros de la pedanía aguilereña deriva de la polémica que se generó a principios de año en torno a la instalación de una depuradora en el pueblo. Varios vecinos de La Aguilera, encabezados por Herrero, denunciaron que la EDAR que se iba a construir en la pedanía estaba sobredimensionada y que suponía un gasto que iba a hipotecar las arcas locales durante años. Actualmente, el proceso se encuentra paralizado en busca de solución.