Fue en plena pandemia cuando el Gobierno aprobó el denominado Ingreso Mínimo Vital (IMV) como parte del escudo social que enfrentó las dificultades económicas de la parte de la población que se quedó sin empleo o sin otro tipo de sustento material. Está considerado como un derecho subjetivo a una prestación dineraria, forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad y desde el pasado febrero el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desglosa mes a mes todos los detalles del gasto en cada una de las provincias. Así, se ha podido conocer que el pasado noviembre se entregaron 3.061 prestaciones en la provincia de Burgos de las que fueron beneficiarias 9.894 personas, es decir, que tres de cada cien burgaleses vivieron de la última ayuda social, esa que queda a quienes no tienen otro tipo de cobertura como, por ejemplo, el subsidio para mayores de 52 años sin prestación contributiva por desempleo y que tampoco pueden tener una pensión no contributiva porque no haya cumplido los 65 años o las víctimas de violencia de género o de trata de personas sin ningún otro colchón, o personas sin hogar o procedentes del sistema de protección de menores.
Del total de las prestaciones, el 60% fueron solicitadas por mujeres y el resto, por varones. Por la experiencia que tiene Cáritas en acompañar y asesorar a los demandantes del IMV el perfil mayoritario es el de una mujer con hijos a cargos y en menor medida, varones mayores que viven solos. El tipo de hogar más frecuente al que ha llegado la prestación es el constituido por una persona sola (en 620 de los casos) seguido por el de dos personas adultas y dos menores (524) y el de dos adultos y más de dos menores (472). «En Cáritas lo que más vemos son familias monoparentales y hombres solos, algo que está vinculado al perfil de usuarios del albergue que gestionamos», explicaron desde la entidad social de la Iglesia católica.
En el conjunto de la comunidad autónoma, Burgos ocupa el cuarto lugar en el número de prestaciones después de León (6.256), Valladolid (5.868) y Salamanca (4.468). En total, en Castilla y León se pagaron 28.527 prestaciones que beneficiaron a 86.467 personas, el 3,5% de la población.
El montante medio de la nómina recibida ha sido de 476,08 euros por hogar y 130,39 por beneficiario. Se trata de unas cantidades con las que las personas tienen que afrontar todos sus gastos básicos (alquiler, suministros, comida...) y que son insuficientes, según precisaron desde Cáritas, por lo que es habitual que quienes los cobran tengan que tener algún apoyo más. Es, además, muy engorrosa la burocracia que tienen que atravesar para poder recibir esta ayuda. «Creemos que, de alguna manera, estas dificultades son las que frenan que todo el mundo que tendría derecho a esta ayuda no la esté recibiendo porque les falta información y no tienen conocimientos suficientes del manejo de internet. En muchos casos, además, se atascan los expedientes por lo complejo que es encontrar alguna de la documentación solicitada. Si se ve la normativa exigida en principio parece muy sencilla pero quienes lo solicitan suelen tener unas circunstancias sociales muy complicada: divorcios, separaciones, madres con varios niños de distintos padres, convenios reguladores... tenemos todo tipo de casuística», insistieron desde la oenegé.