De ser una de las ciudades más cumplidoras a la hora de pasar la inspección técnica de edificios (ITE) a dejarse por el camino siete de cada diez inmuebles. Las cifras hablan por sí solas. Un total de 707 edificaciones construidas entre 1974 y 1982 debían cumplir con esta obligación antes del 31 de diciembre de 2022 y solo lo han hecho 205, un 29%. Además, el Ayuntamiento no dará una moratoria de cuatro meses como ocurrió en los dos años anteriores debido a la pandemia, lo que permitió presentarlas en plazo hasta abril.
¿Qué está fallando para que las comunidades de vecinos o propietarios se estén haciendo los remolones? En primer lugar el problema puede venir de la falta de comunicación directa por parte del Ayuntamiento de los edificios que están obligados a pasar la ITE, dado que únicamente se publica el censo en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web municipal o en el tablón de anuncios del Consistorio. Es decir, no hay una comunicación directa en los domicilios de los afectados que pudiera alertar y se deja todo en manos de los administradores de fincas, que en teoría tienen la obligación de saber que se debe cumplir con este trámite.
Solo en el caso de que no se haya pasado, el Ayuntamiento envía a mediados del año siguiente una comunicación alertando de una posible sanción si no se cumple.
En segundo lugar, la falta de multas a los incumplidores. Hasta noviembre del año pasado el equipo de Gobierno no dio orden de abrir expedientes sancionadores y cientos de ellos han prescrito. El área de Licencias solo ha podido abrir 63 correspondientes a edificios residenciales de 2018 y a no residenciales de 2019. El concejal del área, Miguel Balbás, reconoce que las multas no llegarán hasta mediados de año. «La tramitación de los expedientes dura seis meses y hasta abril o mayo no llegarán las primeras multas. Confiamos en que esta medida sirva para que las comunidades o propietarios incumplidores pasen las ITE».
Lo cierto es que 2022 ha sido el año en que menos inspecciones técnicas se han presentado desde que en 2012 se fijó la obligatoriedad de este instrumento urbanístico (ver gráfico) que consiste en someter a un diagnóstico al inmueble por parte de un arquitecto o un aparejador y realizar obras para su mejora si fuera necesario. Desde hace diez años 6.380 inmuebles construidos entre los años 1893 y 1982 estaban obligados a realizar este trámite y lo han hecho 5.381, un 83,3%. De ellos, 4.605 obtuvieron una ITC favorable (85,5%) y 776 desfavorable (14,5%).
Este 2023 tendrán que pasarla un total de 360 inmuebles levantados en el año 1982, también aquellos que tuvieron la obligación en 2012, dado que han pasado ya diez años, y los que tenían que hacerlo antes de 2023 y no lo hicieron.
La opinión del sector. El presidente del Colegio de Arquitectos, Javier Achirica, reconoce que muchas comunidades dejan este trámite para los últimos meses del año, lo que colapsa a los equipos técnicos encargados de realizarlas. «Lógicamente si todos nos llaman en noviembre o diciembre no podemos tener elaborada la ITC en plazo. Creo que el problema está en los administradores de fincas, que ya saben que hay que hacer este trámite y el censo se publica en la página web del Ayuntamiento».
Achirica considera que se podrían entender reticencias de dueños de edificios muy antiguos, dado que tienen más patologías y las obras que necesiten realizar puedan ser costosas, pero no por parte de los que tenían que hacerlo el año pasado al ser casas más modernas. «El edificio que no ha pasado la inspección en un año en el que la sanción ha prescrito va estar diez años sin hacerla, es decir hasta que le toque de nuevo por padrón».
Desde el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos tampoco entienden el elevado incumplimiento. «Ya que se tiene que pasar, mejor cuanto antes. Además si no se presentan a tiempo también es un problema para el Ayuntamiento, que tendrá más trabajo a la hora de reclamar que lo hagan», indicó José Ignacio Pérez Gonzalo.
El concejal de Licencias confirma que en verano se enviarán cartas certificadas a las comunidades que no han pasado la ITC en plazo advirtiéndoles de que o cumplen o se les abrirá un expediente sancionador.
Con el objetivo de aumentar las inspecciones presentadas se remitirán notificaciones electrónicas a los administradores de fincas para que conozcan el censo.