Apremiada por el cumplimiento de los plazos, que finalmente se han flexibilizado, la Universidad de Burgos finalizó 2023 inmersa en el cumplimiento de la nueva normativa que regula la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos en prácticas. Por el momento, la institución académico prevé que en 10 días se haya cerrado este trámite para los primeros 500 estudiantes afectados, de tal forma que puedan remitirse los datos a finales de marzo, fecha en la que expira la última moratoria estatal al respecto en lugar del 1 de enero previsto inicialmente.
Por un lado, la UBU ha tenido que solventar, y continúa haciéndolo, el proceso administrativo que conlleva el alta de su alumnado, así como dar solución a un abanico casuístico que va desde aquellos universitarios que cobran el paro, se encuentran trabajando o procedente de otros países. Y, por otro, valorar económicamente lo que supone su ingreso en el sistema. Respecto a este último aspecto y teniendo en cuenta que el coste inicial manejado se ha reducido notablemente por los 'descuentos' del Estado, el objetivo pasaba por que fueran las administraciones públicas las que asumieran ese coste, teniendo en cuenta que acogen a casi el 70% de los becarios de la institución en campos como la sanidad y la educación, en los que, además, esas prácticas son obligatorias, tal y como ocurre en los casos de Maestro de Primaria e Infantil, o en el del grado de Enfermería.
Las competencias en ambos sectores corresponden a la Junta, por lo que el Rector de la Universidad de Burgos se dirigió a las consejerías de Educación y Sanidad para reclamar dicho montante, obteniendo por el momento el silencio como respuesta. «Nos hemos tenido que hacer cargo tanto de la gestión como del pago de las cuotas a la Seguridad Social», subraya el vicerrector de Relaciones con la Empresa, Gonzalo Salazar, quien precisa que el motivo aducido por la Administración autonómica pasa por acogerse a una excepción que recoge la nueva normativa.
Esta no es otra que la que deja abierta la puerta a que los convenios existentes entre instituciones y también empresas y otras entidades recojan dicha posibilidad, lo que obligaría a rehacerlos, algo que ha rechazado en este caso la Junta en las conversaciones que ha mantenido con responsables académicos. Otra cuestión a tener en cuenta, más allá de lo que recoge la regulación, pasa por que el Gobierno regional mantiene como postura que tiene que ser el central el que asuma dicho coste por cuanto es el impulsor del Real Decreto.
La UBU tampoco ha conseguido el éxito esperado en las conversaciones mantenidas para este mismo fin con el tejido empresarial burgalés, concretamente con empresas o entidades de menor tamaño, ya que las grandes lo asumen ya al contemplar remuneración en las prácticas que ofrecen a los universitarios. En este punto, Salazar reconoce que la institución no estaba dispuesta a que decayeran estos convenios por una cuestión económica o de gestión, por lo que también ha sumido las altas a la Seguridad Social en estos casos.
Partida de 60.000 euros. En este momento, el Vicerrectorado que dirige Salazar se encuentra inmerso en la tramitación de esas 500 prácticas que arrancarán antes del 20 marzo (algunas de ellas ya lo han hecho). Para el resto y hasta completar las 1.400 que se prevén desarrollarán durante el curso académico, la institución dispone de un plazo de 10 días previos a su inicio para cumplir con la tramitación pertinente. Para ello, ha reservado una partida económica de 60.000 euros en su presupuesto, correspondiente a unos 8,5 euros por alumno y mes, y valorando una media de formación de tres meses.
La puesta en marcha de esta nueva medida fue objeto de debate en el Pleno de la UBU celebrado el pasado jueves, donde el rector no ocultó su malestar por haber sido la institución la que finalmente haya tenido que asumir este coste. «Se trata de una situación indignante», subrayó Manuel Pérez Mateos, quien criticó que ambas administraciones (autonómica y central) «se hayan desentendido», además de destacar que otras Comunidades sí que se han hecho cargo.