La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a J.S., vecino de Aranda, a tres años y un día de prisión por un delito de tráfico de drogas con la agravante de realizarlo en un establecimiento abierto al público. Los hechos se remontan al 17 de enero de 2020, cuando en labores de vigilancia, agentes de la Policía Nacional que estaban en la zona observaron que numerosas personas entraban y salían de la Tetería El Cairo, en la calle Hospicio de la capital ribereña que regentaba el ahora condenado, un ciudadano magrebí que lleva años residiendo en España. Cuatro policías entraron en el local y en el registro que realizaron encontraron «un trozo de bolsa de plástico en la que estaba escrito el número 15 y contenía cinco envoltorios blancos con cocaína», que una vez pesada resultaron ser 3,27 gramos con una pureza que superaba el 80% y cuyo valor en el mercado podría haber alcanzado casi los 200 euros.

Estos hechos que considera probados el texto de la sentencia, se completaron en el registro con la localización de una báscula de precisión y 1.040 euros en billetes de distinto valor y, entre las pertenencias del convicto «un trozo de resina de cannabis, que pesaba 1,69 gramos, con una pureza del 30%» que según la tasación tendría un valor de algo menos de diez euros.

El magistrado considera probado de forma suficiente que la cocaína estaba escondida «en el almacén del local entre los botellines de cerveza» y lista para su venta en la tetería, partiendo de que la investigación policial se inició al comprobar que «muchas personas entraban y permanecían escasos minutos, menos de cinco, en el interior del local». Todas estas pruebas se suman a que el condenado acumula tres sentencias anteriores, en 1997, 1998 y 2000, por delitos de tráfico de drogas, que le sirven al magistrado para completar los indicios contra él.

La pena que el Código Penal asocia a este delito puede llegar hasta los tres años y seis meses, pero el juez la ha rebajado medio año porque «desde el inicio de las actuaciones hasta la celebración del juicio oral han transcurrido más de cuatro años», debido a la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia y la posterior acumulación de asuntos. También tendrá que pagar una multa de 400 euros y pagar las costas de juicio.