Los tres grupos de la oposición platearon ayer en el pleno tres mociones en parecidos términos, al menos en el fondo del asunto, que no fue otro que el coste que para las arcas provinciales tiene el asumir competencias que son propias de otras administraciones tal y como recoge la Ley de Racionalización y Sostenibilidad. El debate, que no es nuevo en el hemiciclo provincial, se saldó con la aprobación de una de ellas, la presentada por el C´s y defendida por su portavoz Lorenzo Rodríguez, quizás la menos ambiciosa, pero sí la que podía unir en una misma exigencia a todas las formaciones políticas. Así, una vez debatida e introducida una modificación solicitada por el PP, el pleno acordó dar los pasos necesarios para desvincularse e instar a que sean la Junta y al Gobierno central quienes a partir de 2017 asuman las competencias que le son propias y que ahora gestiona la Diputación con cargo a sus presupuestos.
Entre esas competencias impropias están las cinco residencias -que suponen un coste de más de 20 millones al año- y las aportaciones que se hacen a organismo como la Escuela de Relaciones Laborales o la UNED. Rodríguez defendió que de no asumir esas competencias, la Diputación contaría con 54 millones para dedicar a los pueblos de menos de 20.000 habitantes en vez de los 34 actuales.
Javier Gil, por Imagina, apoyó la proposición aunque dejó claro que la presentada por su grupo iba más allá al pedir que Estado y Junta retrotraigan las cantidades que está aportando la institución provincial desde el 1 de enero de 2016. El PSOE, incluso, pedía en su moción la derogación de la Ley de Racionalización al entender que no ha venido a organizar nada, sino que elimina servicios y abre la puerta a las privatizaciones.Además, se quejó de que la Ley solo ‘regule’ los ayuntamientos y recordó que más de 3.000 municipios la recurrieron. Ninguna de las dos contó con el apoyo del PP. Su portavoz, Borja Suárez recordó a Gil que antes de la Ley de Racionalización, muchas de esas competencias sí eran propias de la Diputación, entendiendo, a su vez, que ahora sí hay un mecanismo con esa propia Ley de liberarse de ella, de ahí el apoyo solo a la de C´s.
En cuanto a la proposición de Imagina respecto a la liberalización de la AP-1 y que Junta y Estado bonifiquen el 100% del coste del peaje para vehículos pesados, quedó rechazada al no contar con el apoyo del PP y de C´s. Por su parte, el PSOE la apoyó, aunque Jurado recordó a Imagina que en 2014 su partido presentó una Proposición no de Ley en el congreso de la que salió una declaración de todos los grupos parlamentarios acordando no prorrogar su concesión a partir de noviembre de 2018. Todos defienden, en todo caso, la gratuidad de la misma.