Los funcionarios de oficinas del Ayuntamiento arandino exigieron ayer a la corporación municipal que se acometa urgentemente  la reestructuración orgánica y funcional del personal y la valoración de puestos de trabajo como medida para regularizar las cantidades percibidas indebidamente como consecuencia de la sentencia que anula el acuerdo de funcionarios para los años 2000, 220º1 y 2002 que comprendía la subida salarial por encima  de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Ante las noticias y comentarios que se suceden y el malestar que genera entre los empleados públicos, ayer divulgaron un comunicado suscrito por 38 de los  49 trabajadores del departamento en el que recuerdan que la aprobación de las retribuciones en el año 2000 con el voto en contra de IU, pretendía corregir las congelaciones salariales y la falta de revisión de los salarios por la diferencia entre el IPC previsto por el Gobierno y el real.

Explican que se marcaron dos fases, una que fue cobrar las pagas extraordinarias completas como las había aprobado ya el Ayuntamiento de Burgos y el  de Miranda, «y que más tarde las reconoció el Estado», y otra que era realizar la reestructuración jerárquica, funcional y retributiva con la valoración  de puestos de trabajo. Y lamentan que fue la actitud «obstinada y recurrente» de IU ante este acuerdo «y no de otros más graves», que afectaba a la primera parte de la negociación, lo que desembocó en la obligación de regularizar lo salarios de este trienio.

En su defensa esgrimen que varios ayuntamientos y diputaciones aplicaron subidas similares o mayores «y supieron plasmarlo conveniente a través de una valoración formal de puestos de trabajo para así ser conforme a la Ley». Sin embargo denuncian que en  Aranda  «no se supo o no se quiso» llevar a cabo por la corporación municipal  pese a que el artículo 6 del acuerdo regulador de funcionarios decía que  «el Ayuntamiento se compromete a terminar la valoración y catálogo de puestos de trabajo antes del 31 de marzo de 2001».

Un incumplimiento que a su juicio se agrava dado que en esos momentos se disponía en el Ayuntamiento de un estudio de valoración de puestos de trabajo realizado por una consultora a la que se adjudicó y pagaron unos 48.000 euros y quedó aparcado.

El secretario de la sección sindical de UGT, Andrés García, subrayaba que la realización de la valoración de puestos de trabajo es una obligación legal que tiene el Ayuntamiento desde  1986 «y no se ha hecho nada». Recrimina que pese a que se ha intentado negociar la regularización no ha habido intención política. Ante esta situación, reveló que en marzo presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) para obligar al Consistorio a acometer el trabajo, órgano que se declaró incompetente y lo remitió al juzgado arandino, que ha requerido a los denunciantes el nombramiento de abogado y debe comunicarla al Ayuntamiento para contestarla.  

Respecto a incidente de no actuaciones en relación a la sentencia planteado ante el TSJCyL, García informó que éste también se declaró incompetente y lo derivó al Tribunal Supremo, que está a expensas de que lo informe el Abogado del Estado y el Fiscal antes de pronunciarse.