La jefe de proyecto del desmantelamiento de Santa María de Garoña en el Consejo de Seguridad Nuclear, Sofía Luque, explicó ayer en el Comité Local de Información de la central celebrado en el Ayuntamiento del Valle de Tobalina como, ante un posible accidente o fallo de alguno de los contenedores que guardarán el uranio irradiado de la planta al aire libre, «la dispersión de la contaminación radiactiva sería muy local y no es probable una nube tóxica que se moviese grandes distancias». Luque, que contestaba  a un vecino que se interesó por la capacidad de los contenedores para soportar sucesos inesperados, también recordó que «están diseñados para soportar el impacto de un avión y una duración incluso de 100 años».

Serán 49 contenedores y 5 ya están cargados con 52 elementos combustibles cada uno. Quedan por llegar a la planta los 44 restantes que fabrica Ensa en su fábrica de Maliaño (Cantabria) a cambio de un contrato de 142 millones de euros. Hace apenas unos días, la empresa pública Enresa sacaba a contratación las operaciones de carga de estos contenedores a cambio de 21 millones de euros. El pliego de condiciones de esa contratación obliga a la empresa que se haga con el trabajo a desarrollarlo en el plazo de tres años.

El director del desmantelamiento de la central, Manuel Ondaro, avanzó ayer a preguntas de DB que ese contrato estará adjudicado a finales de año y es entonces cuando Enresa tiene previsto iniciar las labores de carga de los 44 contenedores de combustible y «completarlas en los primeros meses de 2027».

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