La coalición Izquierda Unida, que en su día fue una de las impulsoras que promovió la causa que concluyó con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anuló algunos de los complementos contemplados en la subida salarial aprobada por el Ayuntamiento en 2000, no está dispuesta a transigir con que se exija a los funcionarios solo la devolución de los ‘sobresueldos’ que se les pagaron de más durante el primer trienio de vigencia del acuerdo, como pretende hacerse escudándose en el informe elaborado por el Oficial Letrado Mayor del Ayuntamiento.
Para los representantes de IU, el contenido de la sentencia está claro, y se refiere tanto a los excesos abonados a estos trabajadores municipales durante los años 2000, 2001 y 2002, como a los pagados desde entonces hasta la actualidad, y así exigirán que se reclamen. «Lo vamos a defender en la Junta de Personal que se supone que se convocará esta semana, lo defenderemos en el pleno, que la sentencia se cumpla con arreglo a la letra y el espíritu de lo que dice. Si no se cumple, pondremos en conocimiento del abogado del Estado, del fiscal y del Tribunal Superior de Justicia lo que acuerde el Ayuntamiento para que actúen en consecuencia», advirtió Máximo Pastor, portavoz de la coalición en el Consistorio arandino.
Pastor subrayó que, lejos de la imagen de unanimidad que la alcaldesa, Raquel González, pretendió transmitir cuando hizo público el informe del Letrado Mayor, -un documento que a su juicio era improcedente, ya que las sentencias no hay que interpretarlas, sino ejecutarlas, además de que fue realizado por un trabajador que pudiera considerarse juez y parte- Izquierda Unida está convencida de que los tribunales anularon todas las retribuciones abonadas de más en estos 12 años.
De hecho, incidió en que el último auto del TSJCyL se le recuerda al Ayuntamiento que en una Junta de Gobierno Local de febrero de 2010 ya se adoptaron las medidas correctas para ejecutar la sentencia, y retrotrayéndose a ese acuerdo, en ese momento lo que se determinó fue que se calcularan todas las cantidades pagadas de más y la actualización de todas las nóminas teniendo en cuenta la anulación del incremento acordado. Incluso, como ya adelantó Diario de Burgos en la información sobre este asunto publicada el sábado, el cuarto fundamento de derecho se refiere a la necesidad de tener en cuenta las actualizaciones futuras e incluso plantea que si hubiera habido alguna legalización, se tendría que estudiar de forma individual, en ningún caso considerando que con ellas se hubiera dado carta de naturaleza a las subidas.
Por todo ello, aseveró que su formación «no va a entrar en juegos de unanimidades» ya que está en el Ayuntamiento para defender los intereses generales, no los particulares de ningún colectivo, y el cumplimiento de la ley, denunciando que se está intentando promover un consenso y «una alianza de varias fuerzas políticas, ya veremos cuántas y quiénes, para dar carpetazo o enterrar uno de los mayores escándalos políticos de dinero ilegalmente pagado o gastado», que a día de hoy supondrían más de tres millones de euros.