La normativa municipal que regulará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) o 'Burgos Central' tiene ya vía libre para su aprobación definitiva. Todas las alegaciones presentadas al documento han sido rechazadas por los técnicos y el informe se llevará al Consejo de Movilidad y Transportes de la próxima semana Posteriormente, deberá ser ratificada por el Pleno de septiembre y entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). 

El documento provisional se aprobó en la sesión plenaria de mayo, pero se presentaron tres alegaciones por parte de Andando Burgos, la Asociación Profesional de Compañías de Servicios de Seguridad (Aproser) y Caravanic, esta última fuera de plazo. Aproser solicitaba que se les eximiera de estar afectados por las restricciones, algo que ya contempla el propio documento, mientras que en el caso de la asociación de peatones se considera que sus pretensiones eras demasiado genéricas.

Cabe recordar que esta norma regulará las medidas contra la contaminación, que se exige a todas las ciudades de más 50.000 habitantes, y que consistirán en la regulación del acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes a las zonas delimitadas al efecto.

Estas áreas protegidas deben estar señalizadas con los sistemas de gestión y control. Sin embargo, el anterior Grupo Municipal del PP, capitaneado por Carolina Blasco, recurrió la adjudicación a Etralux de un contrato de 2,6 millones alegando la falta de una normativa reguladora. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Burgos suspendió el contrato y se paralizaron todos los trabajos (se estaba desarrollando ya el software) en diciembre de 2022. 

Esta situación hizo que la ZBE no pudiera entrar en vigor el 1 de enero de este año, como fijó el Gobierno Central. Ahora el nuevo ejecutivo local confía en que, tras la aprobación de normativa que regula 'Burgos Central' levante esta suspensión y la empresa pueda retomar los trabajos, según aseguró el concejal de Movilidad, José Antonio López. 

La cuestión no es baladí ya que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aprobó una inyección económica de 2.653.275 euros para esta cuestión, integrada en el programa nacional para la implantación de las ZAS que podrían perderse y tener que asumir el Ayuntamiento en solitario toda la inversión. 

El Ayuntamiento contempla hasta tres niveles distintos de restricciones al tráfico en los días de gran contaminación. Para vigilar que no hay quien burla este mandato, habrá 56 puntos de control en los que se colocarán 59 cámaras que leerán las matrículas y captarán en vídeo imágenes de los vehículos que pasan por esos lugares para, si procede, tramitar la sanción correspondiente.

La bautizada como 'Zona Cero' no ofrece grandes modificaciones respecto al abarcar la calles ya peatonales. La llamada 'Zona Básica' comprende el inicio de la calle Vitoria (entre el Cid y San Lesmes), de la avenida del Arlanzón (hasta el puente Gasset), el tramo de la calle Valladolid entre Correos y el puente Santa María y las calles Santander, San Lesmes, San Pablo, Santa Clara o Miranda. Su activación dependerá de que se superen los niveles máximos de contaminación Finalmente, la 'Zona Ampliada' el perímetro se abre hasta la avenida de Cantabria y la Isla o el bulevar.