Con la retórica divisoria y partidista de la que no se libra ningún asunto capital en este país, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes la implantación de una serie de requisitos adicionales que vendrán a endurecer la creación de universidades privadas. Medidas ratificadas en el Consejo de Ministros y que van desde contar con un mínimo de 4.500 alumnos en cinco años, compromisos de plazas de alojamiento para la comunidad universitaria a un incremento de la actividad investigadora. La progresión es clara, el número de universidades privadas, que suman 46 en España frente a los 50 centros públicos, se ha duplicado en dos décadas. El Ejecutivo central trata de invertir la tendencia enmendando sus propios criterios implementados en 2020 con Manuel Castells al frente del Ministerio de Universidades.
Aunque este martes, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, trataba de rebajar la intensidad del debate, distinguiendo entre universidades buenas y malas, el discurso frentista de Sánchez puso en solfa a ciertas universidades privadas a las que tildó de «chiringuitos educativos» y a las que acusó de no buscar «la excelencia ni la investigación, sino simplemente hacer caja». Sin atisbo de sutileza, en busca de una confrontación más ideológica que educativa, Pedro Sánchez abrió la mecha en torno a una cuestión que precisa de un análisis sereno alejado del fango político que alienta su argumentación.
Los requisitos ponen el foco en las exigencias a la universidad privada pero dejan de lado las debilidades y margen de mejora de la pública que, parece ser, encuentra todos sus males en el crecimiento de la primera. Aunque competencia de las autonomías, no repara Sánchez en que es preciso abordar asuntos como la infrafinanciación del sistema público, la situación del profesorado o el desajuste entre las titulaciones y lo que demanda el mercado laboral. Pero para ello hay que sentarse a hablar también con comunidades gobernadas por partidos del signo contrario, como la Madrid de Ayuso o la Andalucía de Juanma Moreno. No es casual que la secretaria de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, en el el Congreso provincial del PSOE de Málaga celebrado el domingo, aprovechase para allanar el terreno a Sánchez al afirmar que los centros privados suponen una «amenaza» para la clase trabajadora al tiempo que acusó a los alumnos de estas universidades de «comprarse el título».
Las formas, tendentes a la polarización, en las que se presenta el debate no ha de eclipsar la necesidad de afrontar el mismo, por los estudiantes de hoy y profesionales del futuro. Pero con un ánimo aglutinador y no con la sola intención de abrir una nueva brecha con el principal partido de la oposición, un PP en pie de guerra ante la estigmatización de la privada. Un capítulo más de la estrategia de un Gobierno que prefiere el choque a la búsqueda de sinergias, el levantamiento de muros, en este caso educativos, frente al diálogo.