Más de medio millar de terrazas, en el limbo

J.M. / Burgos
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La falta de informes de Vías Públicas impide resolver las licencias. El equipo de Gobierno busca una solución urgente para contestar a las 550 solicitudes presentadas hace más de dos meses y no sobrepasar los plazos

Más de medio millar de negocios han solicitado autorización y esperan la respuesta del Ayuntamiento. - Foto: Patricia González

La ordenanza de terrazas sigue generando tensiones en el Ayuntamiento. Primero fue el problema interno derivado porque un servicio (Vías Públicas) presentara alegaciones al texto de otro servicio municipal (Licencias) a cuenta de un pavimento especial para invidentes  en las llamadas zonas singulares (aún sin colocar). Después vinieron los problemas por un error jurídico en relación al silencio negativo que obligó a modificar la normativa, luego llegaron los dolores de cabeza porque apenas se habían solicitado autorizaciones a punto de cumplirse el plazo y a ello se sumó la falta de medios humanos en Licencias que obligó a pedir ayuda a otras secciones para sacar el trabajo con horas extra. Sorteados estos obstáculos, con éxito dispar, ahora las dificultades vienen de nuevo desde el área de Vías ya que no informa sobre las solicitudes. Y ese documento es preceptivo para poder conceder los permisos.

El concejal de Licencias, Ignacio Peña, confirma que dos meses después de que finalizara el plazo dado por el Ayuntamiento para presentar las solicitudes de terrazas, ninguna de las 550 peticiones entregadas ha sido contestada de manera favorable. De la misma manera, ratifica la falta de informes desde Vías Públicas y en menor medida desde Arquitectura y Tráfico (en este último caso solo para las que afectan a la ocupación de plazas de aparcamiento). Al parecer, aducen falta de personal para poder afrontar esta tarea.

Esta situación provocó la celebración ayer de una reunión a la que, además de Peña y varios técnicos, acudió la alcaldesa. En ese encuentro se habló de la posibilidad de buscar ayuda externa (quizá la colaboración de un colegio profesional) ya que urge resolver las solicitudes antes del día 12.

El problema viene dado porque la ordenanza que aún está en vigor daba al Ayuntamiento un plazo de tres meses para resolver las solicitudes y el silencio de la administración (independientemente de lo que ponga erróneamente la normativa municipal) es negativo en el caso de ocupaciones del dominio público. Dicho de otra manera, sin respuesta no hay licencia.

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