La gran bolsa de temporalidad que existe en ámbitos como la sanidad y la educación públicas, y en menor medida en los servicios sociales, ha permitido hinchar la plantilla de las administraciones en Burgos en 883 personas en el último año, hasta alcanzar los 23.402 trabajadores. El registro más alto de los últimos ocho años no se atribuye a la cobertura de las plazas que han quedado vacantes por la celebración de las oposiciones multitudinarias de los últimos tiempos, que también se está notando, sino a la incorporación a la estadística de una gran masa de empleados que, en realidad, se encuentran en un limbo laboral. 

El último Registro Central de Personal, publicado hace unos días y que ofrece datos de julio de 2023,  reparte la plantilla pública en la provincia entre la Junta de Castilla y León (13.771 empleados), ayuntamientos y Diputación (4.574) y la Administración General del Estado (5.057). Solo esta última ve disminuir su personal en 28 efectivos con respecto al año anterior, localizados en el ámbito de la Justicia, mientras que la plantilla regional crece en 714 efectivos y la local y provincial en 197.

Globalmente no es la cifra más alta de funcionarios y personal laboral registrada en Burgos, de hecho, hace quince años se superaban los 23.700, pero sí esconde una novedad importante. Por primera vez, se han incluido en la estadística los trabajadores en prácticas y los que han firmado un contrato de menos de 6 meses.

A nivel nacional, se estima que este cambio ha hinchado el censo en más de 100.000 personas, hasta rozar los 3 millones de empleados públicos (2.967.578). Algunos cientos de temporales corresponden a Burgos y se localizan, principalmente, en las plantillas del Sacyl y en la Educación. Hay otro dato significativo, una gran mayoría de los incorporados son mujeres.

Retocar los datos de plantilla por la parte baja también permite maquillar una cruda realidad: que 6 cada 10 trabajadores públicos tiene más de 50 años y afronta su última etapa laboral.

«Estos números no deben llevarnos a pensar que el empleo público crece por encima del privado, esto es una ficción estadística. De hecho, la reforma laboral ha reducido la temporalidad en el sector privado, donde ha tenido efectos muy positivos (sin repercutir ni en el empleo ni en los beneficios de las empresas), pero la ha aumentado notablemente en el sector público, con efectos muy negativos», explica José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea Online.

En España hay 1,4 millones de funcionarios de carrera y, además, 755.000 funcionarios interinos, 361.000 laborales temporales y 59.000 están en proceso de formación, además de los 5.000 fijos discontinuos en la plantilla pública.

Todas estas cifras han aflorado tras asumir la elaboración del Registro Central de Personal el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (antes estaba en manos del Ministerio de Hacienda) y visualizan los contratos «en fraude de ley» que realiza la Administración Pública. «No parece serie que se obligue a la empresa privada a contratar de manera indefinida y que en el sector público haya manga ancha para hacer lo que quieran con el empleo».

Contratos. En el último año, de cada cinco puestos de trabajo creados en Burgos, uno ha sido en el sector público, que es -con diferencia- la primera 'empresa' de la provincia, aunque no llega al 20% de la masa trabajadora local.

Hasta la llegada de las grandes convocatorias de empleo público, las ofertas anuales no daban abasto para cubrir las salidas por jubilación de la Administración. «Las nuevas ofertas son muy amplias y numerosas y permitirán que los recursos públicos no sigan aminorándose. En los próximos años va a haber muchas ofertas...».

La clave está en el ámbito sanitario y docente, dado que 2 de cada 3 empleados públicos en Burgos operan en hospitales/centros de salud y colegios/institutos/universidades. «Necesitamos más personal sanitario, máxime cuando la pandemia nos ha mostrado que nos habíamos descapitalizado en el ámbito de la sanidad, incluso permitiendo la salida de personal formado al extranjero en busca de mejores sueldos. Lo mismo se puede decir de los docentes...».

Hay otros ámbitos estratégicos en los cuales no se pueden permitir más 'agujeros' en las plantillas y que están muy debilitados. Las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado alcanzan los 2.835 funcionarios, 14 más que en el año precedente y con todas las carencias que está evidenciando la seguridad en el mundo rural.

En Justicia hay 531 efectivos registrados, 76 menos que hace un año. Una reducción que se produce en un momento de juzgados atacados de procesos pendientes.