Estamos ante la última fechoría del presidente de gobierno. A lo mejor no es ilegal, pero fechoría sí. Con todas las letras.
Cuando organiza un centenar de actos para recordar los males del franquismo y alertar así a los españoles del peligro que supone la llegada de "la ultraderecha" -donde cabe todo lo que no sea sanchismo- , el gran anuncio del gobierno se asemeja peligrosamente a usos dictatoriales. Todo sea por salvar la piel de la esposa y hermano del presidente.
Pedro Sánchez ha llevado su última idea al consejo de ministros, con la mala suerte de que lo ha hecho cuando David Azagra - su hermano- culmina su biografía declarando ante la juez que investiga su peculiar situación laboral, que no sabía dónde estaba su despacho, cuántos días trabajaba, quién formaba parte del tribunal que dio luz verde a su contratación como coordinador de Artes Escénicas y tampoco sabía en qué consistía ese cargo.
A desfachatez – que tampoco es delito, pero sí un hábito deplorable, más aún cuando la aplica con asiduidad un presidente de gobierno- no hay quien gane a Pedro Sánchez. Quien, por cierto, ganó el gobierno gracias a una moción de censura basada en una iniciativa de acusación particular contra Mariano Rajoy. A la que se suma la desfachatez del hermano David con sus inadmisibles respuestas a la juez; más la desfachatez de la esposa que cita al rector de la Complutense en La Moncloa para que fuera consciente de con quién estaba hablando cuando le pidió que creara una cátedra extraordinaria para ella.
Este intento de bloquear la acción de los jueces que investigan a sus familiares, a importantes miembros de su círculo político, y ponen pegas a que la amnistía alcance a Puigdemont, se parece bastante a las iniciativas y nombramientos que tomó Trump cuando era presidente, y a las que anuncia ahora cuando es presidente electo. Y son idénticas a las que toma Nicolás Maduro para impedir que jueces venezolanos con sentido del deber actúen contra ese dictador al que tanto apoya Zapatero y que Pedro Sánchez, sin despeinarse, acepta como presidente aunque sea fraudulento.
Una vez más sorprende que jueces que forman parte del gobierno no levanten la voz contra ciertas propuestas de Pedro Sánchez. Incluso la asociación judicial que siempre se identificó con el PSOE, Jueces para la Democracia, cantera de altos cargos socialistas, se ha sumado a otras asociaciones y a voces judiciales no adscritas, para expresar su preocupación por esa iniciativa gubernamental que choca frontalmente con el obligado derecho a la independencia judicial, a la separación de poderes y al Estado de Derecho.
Los casos de corrupción se han dado, con más o menos intensidad, en todos los gobiernos. Pero en ninguno como éste. Se ha indultado a los condenados por los ERE, el mayor caso de corrupción, y se ampara con las peores artes a acusados que, frente a otros nombres importantes que recibieron justo castigo, son tratados con guante blanco por su cercanía con el presidente de gobierno. Intolerable y antidemocrático.