El informe encargado por el equipo de Gobierno al número dos de la Secretaría General del Ayuntamiento para «esclarecer» los motivos que han llevado a la pérdida (a día de hoy) de más de 850.000 euros de la recaudación de los autobuses urbanos concluye que la «causa principal de la inacción» del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Smyt) fue «el miedo a la interrupción del servicio». A lo que añade que a esta situación también se llegó por «la falta de personal técnico, sin gerente desde agosto de 2022», así como por «la acumulación de trabajo». Dicho esto, la 'investigación interna', según la definición del propio Ejecutivo, arroja otras conclusiones que no pasan inadvertidas al mostrar de manera clara que, una vez que el asunto se descontrola, «la reacción fue tímida». No se queda ahí ya que afea al concejal de Movilidad, José Antonio López, que callara durante semanas y no informara al consejo de administración de una situación tan delicada.
Más allá de si en la reunión que se mantuvo con Prepay a finales de febrero se habló de una deuda de 85.000 o de más de 500.000 euros, cuestión sobre la que hay testimonios encontrados, en el informe se afea que la reacción se limitara «básicamente» a iniciar «un procedimiento de imposición de penalidades» en el que ni se responden a las alegaciones ni se termina sancionando a la empresa. De cara a que una situación de este tipo no se vuelvan a repetir, defiende que hay que «reforzar» la fase de ejecución de los contratos y «reaccionar con determinación ante cualquier incumplimiento». Algo que, por lo que se deduce, no se ha hecho.
El vicesecretario del Ayuntamiento detalla sobre aquella reunión con la empresa del 29 de febrero: «Considero que el consejo de administración tendría que haber estado representado por un vocal de cada grupo político, por ejemplo, o haber sido convocado inmediatamente después. Se echa en falta una iniciativa de la Presidencia (del concejal) en el sentido de comunicar o poner en conocimiento la situación después de la reunión». Todo porque, tal y como detalla, «no fue hasta el 8 de abril», varias semanas después, cuando los consejeros (los del PSOE y quizá también el de Vox) supieron de la «falta de pago» por parte de Prepay y de otros incumplimientos» del contrato.
A juicio del vicesecretario, que para realizar este análisis se ha apoyado en informes elaborados por dos técnicos del Smyt, por la tesorera, por el asesor jurídico y por el concejal de Movilidad, en el momento del «hackeo» que se produjo en los primeros días de abril es «cuando el Ayuntamiento toma conciencia realmente del problema existente» y «a partir de ahí se estudiarán alternativas». Para justificar los pocos avances que dieron desde abril se afirma, en una interpretación generosa, que «la maquinaria municipal no responde con la agilidad necesaria; como muestra que el 8 de abril se formulara requerimiento para el abono de la deuda, solicitando a la Tesorería la práctica de la correspondiente liquidación, pero esta última no recibió traslado alguno ni la notificación hasta el 7 de agosto».
De manera clara defiende también que el actual contrato «no se debió adjudicar» ya que la empresa adeudaba en ese momento, transcurridos seis meses del inicio de la legislatura, más de 500.000 euros. Los informes aportados por la jefa administrativa del Smyt y la tesorera, en los que el vicesecretario hace referencia a la «controversia» que se ha generado entre estas dos áreas, arrojan también información relevante más allá del intercambio de golpes.
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