El Gobierno central tiene en estos momentos entre manos un dilema al que debe dar pronta solución, porque afecta a la atención sanitaria de un sector amplio de la población española. La crisis de los seguros de salud de los funcionarios está generando una profunda controversia, y ha abierto un melón que puede resultar muy dañino para el resto de la ciudadanía, atendida en el régimen general.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) gestiona en la actualidad el seguro de salud de 1,49 millones de empleados públicos y de sus familiares en todo el país. A mayores, existen otras dos mutualidades más pequeñas: Isfas, que da cobertura médica a 559.000 miembros del Ejército y de la Guardia Civil; y Mugeju, que atiende a los jueces y fiscales. Hablamos por tanto de más de 2 millones de empleados públicos en toda España. Acercando la magnitud del problema a la provincia, hay que señalar que el número de afectados por esta crisis asciende hasta los 17.000 funcionarios.

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado martes la licitación del concierto para atender a esos ciudadanos, pero las aseguradoras no están contentas con la propuesta para renovar el convenio. Las ofertas planteadas por parte del Ejecutivo han caído, por ahora, en saco roto, lo que abre la posibilidad de que el concurso quede desierto. Eso supondría que los funcionarios que hasta ahora se beneficiaban de un seguro privado pasarían a engrosar las filas del sistema de salud público.

Es en ese escenario donde el problema comenzaría a coger efecto bola de nieve. La incorporación, en el caso de la provincia, de 17.000 nuevas cartillas a Sacyl dispararía de manera sensible las listas de espera y mermaría la calidad de una atención ya saturada. Hay que tener en cuenta, además, que buena parte de esa población afectada por una posible ruptura del acuerdo entre Gobierno y aseguradoras es mayor de 50 años, lo que se traduce en una mayor demanda asistencial. Más allá del debate en torno a por qué se deben financiar seguros privados a funcionarios con dinero público y del derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a la sanidad pública en igualdad de condiciones, lo que es evidente es que en estos momentos no se pueden sobredimensionar más de lo que ya están los ambulatorios, las consultas de especialidades y las esperas para ser intervenido quirúrgicamente.

El Gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de estar tan presto a rebajar las penas a etarras sanguinarios y atender las demandas de sus socios independentistas, debería poner más empeño en resolver un problema que afecta ta a tantos compatriotas.