El 'fantasma' de la crisis del reparto de menores migrantes vuelve a sobrevolar Castilla y León ocho meses después de que este mismo tema hiciera saltar por los aires el Gobierno autonómico –y el de otras cuatro comunidades–. Y la Junta de Castilla y León vuelve a calcar el mensaje que durante jornadas repitió la parte popular del entonces Ejecutivo de coalición: Sí al reparto de menas, pero condicionada a más fondos y medios para su acogida y reforzar el control de las fronteras. Una postura con la que la Junta se alinea con el discurso de Génova, que insiste en que el Estado aporte a las comunidades recursos extraordinarios cuando sus centros de acogida superen el 100% de capacidad en atención de menores no acompañados, y asuma la gestión cuando se supere el 150 por ciento. «Estamos hablando de personas, de personas migrantes, de niños, de niñas en este caso. Y no se puede mercadear con ellos, que es lo que hace el Gobierno de España», resumió ayer la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco, tras conocerse más detalles sobre la modificación de la Ley de Extranjería para la redistribución de menores migrantes acordada entre el Gobierno y Junts.

La vicepresidenta mostró su rechazo a lo que consideró como un «mercadeo» por parte del Ejecutivo central con los menores migrantes con el objetivo de «seguir en La Moncloa». «Lo hemos dicho siempre, es necesario un control de fronteras, es necesario implementar medidas en origen, es necesario incrementar la financiación y eso es lo que no hace el Estado», abundó Blanco, que lamentó que es «lo de siempre» con el Gobierno de España, ya que las competencias de extranjería e inmigración le son propias, por lo que criticó una nueva cesión «ante sus socios independentistas» en esta materia, según informa la Agencia Ical.

Durante su intervención antes de participar en un acto en Salamanca, la también consejera de Familia sostuvo que Castilla y León es una «Comunidad de acogida, pero ésta ha de debatirse dentro de los órganos correspondientes, como ha sido hasta el momento», en referencia a la Conferencia Sectorial. «Entendemos que ese es el órgano en que se tienen que realizar, nunca por imposición y siempre entre todas las comunidades», apuntó Blanco, que significó que el «problema» es que el estado «no realiza las competencias que tienen asignadas, no realiza una verdadera política migratoria» y ejerce «la imposición y la invasión competencial al resto de autonomías».

La vicepresidenta reiteró en varias ocasiones que Castilla y León es «una Comunidad de acogida», y recordó que el año pasado fueron 21 los menores que llegaron a Castilla y León: «El año pasado fueron 21 los menores que vinieron dentro de ese acuerdo de acogimiento en la Conferencia Sectorial. El año anterior fueron 23». En este ámbito, el rumbo nunca debe estar marcado, en su opinión, por los equilibrios parlamentarios. «Lo hemos dicho siempre, es necesario un control de fronteras, es necesario implementar medidas en origen, es necesario incrementar la financiación y eso es lo que no hace el Estado», concluyó en este sentido.