Trabajar hasta diez días menos al año -restándole tiempo a cada jornada laboral- sin tocar salarios, sin negociación colectiva de por medio y sin que el empresario pueda decir nada al respecto. La implantación de las 37 horas y media que persigue la vicepresidenta Yolanda Díez permitirían vivir esta realidad a, al menos, 18.484 burgaleses, que son los que más trabajan, y este problema a más de 5.000 empresarios, a los que hoy amparan los convenios provinciales con la jornada media anual más exigente. 

De llevarse a efecto, y todo apunta a que sí, aunque sea a golpe de decreto ley, la reducción de la jornada sería la medida de más impacto social y económico en los últimos años tras las sucesivas reformas laborales, con sus diversos cambios en las formas de contratación o en el blindaje de los despidos, del empleo indefinido o de los expedientes de regulación, entre otros conceptos.

Es, además, el cambio de más impacto inmediato, pues en Burgos ningún gran convenio llega a las a las 1.712 horas/año que persigue el Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que en 2025 se dejarían de trabajar una media de 55 horas en la provincia. Traducido en días suponen una semana menos de fichaje.

Se trata de una reducción muy cuestionada porque no pasa por la negociación colectiva, pese a su trascendencia, pero que respaldan los sindicatos mayoritarios, rechaza frontalmente la patronal y que, como ocurre con las bajadas de impuestos, goza de una gran popularidad entre la ciudadanía.

(Más información, en la edición impresa de este lunes de Diario de Burgos)