«La dignidad de la mujer exige que se revisen muchos comportamientos trasnochados y se corrijan muchas conductas que se toleran indebidamente. El Patronato de Protección a la Mujer vela por todas aquellas mujeres que, caídas, desean recuperar su dignidad». Esta frase y otras parecidas, siempre en letras negritas, se destacaban en los boletines de información donde esta entidad, dependiente del Ministerio de Justicia, desglosaba mensualmente las actividades que llevaba a cabo en las diferentes ciudades españolas. En Burgos fue la junta provincial de ese Patronato -que se reunía en el Gobierno Civil en unos encuentros que empezaban siempre con un rezo al Espíritu Santo- la que vigiló a las adolescentes y jóvenes que se alejaban de la moral imperante y lo hizo con la estrecha colaboración de la orden de las Adoratrices que en 1963  inauguró la residencia Santa María la Mayor. Con 24 plazas, su objetivo era dar cobijo a jóvenes que «por carecer de adecuada tutela están en peligro».

Este lenguaje puritano y alambicado tan propio de la época escondía una cruda realidad: aquellas chicas a las que le gustaba salir con chicos o bailar o eran especialmente desobedientes o no muy piadosas o, en el peor de los casos se quedaban embarazadas siendo solteras o abortaban, eran reprimidas, primero en el ámbito familiar, más tarde en el religioso, y si esto no daba resultados, se pasaba el asunto al Patronato, que podía ordenar su ingreso en un centro de reeducación o psiquiátrico e incluso su vigilancia por parte de la policía. El Boletín Oficial del Estado del 31 de julio de 1942 publicó la constitución de la Junta Provincial en Burgos, entidad que estuvo vigente hasta 1986, es decir, ya bien entrada la democracia. 

El Archivo Histórico Provincial de la Junta de Castilla y León conserva en magnífico estado buena parte del legado de aquella junta -boletines de información, expedientes de mujeres, actas de reuniones...-, una documentación que resulta imprescindible para conocer cómo se abordaban y se reprimían los comportamientos 'inadecuados' de las jóvenes burgalesas y con qué personal y recursos se contaba para semejante actividad.

Inauguración de la residencia Santa María la Mayor para chicas «en peligro», en la que apenas se atisban dos mujeres. - Foto: Fede

Tal y como lo relata la investigadora Beatriz Onandia en su artículo Entre el pecado y la lujuria: la inmoralidad pública durante el franquismo, Burgos nunca fue considerada por el Patronato a nivel nacional una provincia problemática en este sentido y, más bien al contrario y junto con Albacete, Cáceres, Huelva, Huesca, Lérida, Segovia, Teruel o Zamora, se afirmaba que gozaba de «una buena moralidad», pero, aun así, siempre hubo algún garbanzo negro cuya evolución era vigilada estrechamente por los miembros de esa junta, entre los que se encontraban representantes de la Sección Femenina de Falange y del Ministerio Fiscal. 

El Patronato nunca tuvo en Burgos ningún centro propio ni colaborador, solo las Adoratrices actuaban como «institución auxiliar», pero contaba con tres funcionarias: una auxiliar y dos «visitadoras». En las actas se nombra también con mucha asiduidad a un policía encargado de estar atento a las andanzas de las chicas «discreta pero eficazmente» e incluso en un caso, hasta de buscar al muchacho implicado un embarazo imprevisto que, por supuesto, dijo no tener nada que ver con el asunto cuando el guardia se personó en su trabajo a pedirle cuentas. La chica encinta terminó internada en un centro. 

En las actas que guarda el Archivo se ve cómo a lo largo de los meses se suceden traslados de muchachas a otras provincias «donde no se las conozca», ingresos en instituciones como las Oblatas de Vitoria o el correccional de San Fernando, en Madrid; derivaciones a la casa-cuna con sus criaturas, peticiones de padres de familia para que busquen a menores fugadas y solicitudes de valoraciones psiquiátricas. También hay frenos a algunas actitudes demasiado exageradas de las familias. «La corrección del carácter rebelde y levantisco le incumbe al padre y tales defectos no entran en la jurisdicción de este organismo», se puede leer en respuesta a una demanda de atención por parte del Patronato. Se contestaba a los padres que pedían  que se pusiera a sus hijas en libertad y se advertía de que si algunas de las chicas vigiladas persistían en sus actitudes negativas «se procedería a su internamiento». 

Lugar donde se ubicó el centro de las Adoratrices. - Foto: Alberto Rodrigo

De otras se decía que corrían «un grave riesgo moral» como aquella que tenía «relaciones amorosas con un muchacho considerado improcedente» y en otros casos se las 'colocaba' como sirvientas o en fábricas de otros lugares. También había detenciones en clubes y se vigilaba la prostitución. A finales de los 50, el policía encargado de estos delicados asuntos fue conminado a investigar una hospedería de San Amaro, un ventorro denominado 'Peñacoba' y las cercanías de Rubena «a fin de averiguar si en dichos lugares se cometen faltas de moralidad». Se estaba refiriendo, obviamente, a la prostitución. 

Algunos apuntes de las actas constatan que hubo chicas que se enfrentaron a críticas infundadas, a pesar de lo cual ellas preferían marcharse. En una de 1966 se puede leer sobre una adolescente: «No es procedente un internamiento porque solo hay indicios y no pruebas concluyentes de inmoralidad y sobre el sumario que se le sigue por un supuesto delito de aborto se ha sobreseído según noticias oficiosas, aunque ella se ofrece a irse a Barcelona a la sede de la fábrica donde trabaja».

También se guardan algunas estadísticas. En 1962 se produjeron en Burgos 36 internamientos y había 24 chicas en vigilancia tutelar, cifras que no variaron al año siguiente, y hubo jóvenes de esta provincia (21 en 1963) que fueron internadas en la controvertida institución Nuestra Señora de la Almudena (Peña Grande), de Madrid, que ha sido acusada en los últimos años de infligir abusos  físicos y psíquicos muy violentos a las chicas y de colaborar activamente en las tramas de bebés robados.

No consta que en Burgos se produjeran situaciones así y consultadas las Adoratrices han preferido no hacer referencia a esa época, cuyos archivos se trasladaron a Guadalajara cuando se mudaron de sede. También anunciaron que están a lo que concluya una investigación que sobre esos años y esas prácticas tiene en marcha la Conferencia Española de Religiosos (Confer) aunque una portavoz explicó que en su centro de Burgos las mujeres nunca acudieron a la fuerza «porque nunca hemos obligado, sino que hemos acompañado a las que han llegado a nuestras casas de forma voluntaria».

Justo en 1963 -se cumplen en octubre 60 años- esta orden abrió en el Paseo del Empecinado la residencia Santa María la Mayor «para jóvenes que no tienen residencia en la ciudad» y al acto de inauguración acudió el presidente del Patronato de Protección a la Mujer, Luis Martínez Kreisler. El centro se ubicó sobre el colegio Santa María Micaela pero tenían entradas diferenciadas. 

Kreisler contó qué tipo de chicas iban a poder alojarse allí y así lo reflejó DB: «Señaló la necesidad y el fin de esta obra para prestar asistencia a las jóvenes que en las veredas de la vida se hallan en peligro. Señaló cómo las otras obras que sostiene la junta (del Patronato) atienden a las jóvenes de 16 a  25 años. Al llegar a esta edad, la mujer reeducada o preservada puede venir a esta residencia y aquí, con el favor del cielo y de Santa María la Mayor, bajo cuyo patrocinio se ha colocado, se hará realidad esta gran obra social, moral y religiosa».

«Defensa de las costumbres». El «saneamiento de la moral pública y la defensa de las costumbres» que siempre fue el objetivo del Patronato escondía, como se puede constatar por el archivo de la junta provincial de Burgos, que sus verdaderas competencias fueron vigilar «abortos, homosexualidad, uso de estupefacientes, vigilancia de cines, bares y bailes (...) y a la cabeza de todos ellos se erigía el problema de la prostitución», como relata Carmen Guillen en su tesis El Patronato de Protección a la Mujer: Prostitución, moralidad e intervención estatal durante el franquismo. 

Pero conforme van pasando los años, las sociedad, aunque muy despacio, va cambiando, para disgusto de los autoerigidos vigilantes de la moral. En 1973 se puede leer en una de las actas, la del 27 de febrero, un lamento en este sentido. Se queja la junta provincial de «la difícil situación por la que atraviesa el Patronato para poder desarrollar su labor, ya que los padres y tutores de las jóvenes no valoran ni dan importancia a los comportamientos de sus hijas y no autorizan la intervención de tutela».