El informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia se presuponía la principal herramienta para esclarecer el origen, las causas y las dinámicas de esos casos y favorecer que se restablezca el reconocimiento de la dignidad de las víctimas. Sin embargo, tras su presentación en el Congreso de los Diputados de la semana pasada y conocer sus resultados, más parece que sus intenciones eran otras. Básicamente, porque no parece razonable que las principales conclusiones de la investigación encargada por el Parlamento se extraigan de una encuesta telefónica y por internet a 8.000 personas hecha por la consultora privada GAD3, que ha propiciado fantasiosas estimaciones y lastrado cualquier atisbo de veracidad. Sin el mínimo indicio probatorio se ha dado por bueno en titulares y declaraciones gubernamentales que 440.000 españoles han sufrido ese tipo de abusos en un contexto religioso. Cualquier experto en demoscopia reconoce que extrapolar una muestra tan pequeña a una población tan grande distorsiona cualquier realidad, máxime cuando el sondeo presume de opacidad metodológica. Nadie sabe qué se preguntó a los encuestados, ni cómo. El único dato objetivo es que la oficina del Defensor del Pueblo ha certificado 487 nuevos casos de abusos acontecidos en el espacio de varias décadas, que se añaden a los 1.430 casos anteriormente conocidos. Y eso ya debería ser suficiente para entender la gravedad del problema, no hace falta exagerar.

Una extrapolación tan burda carece de rigor alguno y solo puede aspirar a fútil cortina de humo en el actual contexto político. En demoscopia, inferir un dato así carece de fundamento matemático. En política, tomar el resultado de un sondeo como verdad incontestable es una obscena mentira. Una institución como la que preside Ángel Gabilondo debería extremar el celo en sus conclusiones. Ese ilógico e increíble dato ha llevado a la Conferencia Episcopal a cerrar filas, evitando nuevos compromisos con las víctimas o mecanismos de reparación. Asumir la responsabilidad por el daño cometido es el mínimo exigible a la Iglesia, pero no para salvar su crédito o su supervivencia, sino de cara a las víctimas, a la sociedad y a los fieles. La Conferencia Episcopal debe seguir dando pasos, predicar con el ejemplo y, mirar a la cara a las víctimas que han denunciado, buscar a las que no lo han hecho, procurarles la atención necesaria derivada del trauma que han sufrido, ser proactivos y transparentes en la investigación, crear los protocolos necesarios para evitar que hechos similares se vuelvan a producir… De momento, ya ha reconocido su pasividad y su abandono de las víctimas. Las reales ya son muchas sin necesidad de inventarse nuevas para alimentar la demagogia anticlerical.