Todo empezó con aquel consejo de sabios que llegó al quid de la cuestión a través de una compleja fórmula matemática: el importe de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social y la tasa de variación anual del número de pensiones contributivas serán los factores que determinen la evolución de las prestaciones desde la entrada en vigor de la reforma que el lunes llegó al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria. Previsiblemente, la nueva ley saldrá adelante, puesto que es una iniciativa del PP, que goza de mayoría absoluta en la Cámara, pero el consenso en un pilar tan fundamental del Estado de bienestar como éste es vital por lo que, desde el propio Partido Popular aseguran que están abiertos al diálogo y permanecen en contacto con partidos, patronal y sindicatos.
El cambio de revalorización en las cuantías afectará a los nueve millones de pensionistas actuales y a los futuros y, a partir de 2019, entrará en vigor el factor de sostenibilidad que ajustará las prestaciones a la esperanza de vida. Pero mientras los representantes públicos dilucidan qué pasará con las pensiones, el quebradero de cabeza salta a la calle, donde los ciudadanos aún intentan hacerse con el último cambio legal que en este ámbito hizo el anterior Gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero y que entró en vigor en enero de 2012, estirando la edad legal de jubilación hasta los 67 años y el período de cotización de los 15 a los 25 años. Desde entonces, las dificultades coyunturales por las que atraviesa el país siguen siendo una realidad y, por tanto, la ya tantas veces nombrada «sostenibilidad» del sistema basado en la solidaridad intergeneracional, es una necesidad.
Conclusión: según la nueva normativa tal y como se presentó en los Presupuestos Generales del Estado para 2014, las pensiones subirán un 0,25%. Para unos es todo un logro porque implica que no se congelarán; para otros, una flagrante prueba de que los beneficiarios de estas prestaciones van a perder una gran parte de su poder adquisitivo.
Como dato comparativo podría servir el del ejercicio de 2012, cuando estas retribuciones tuvieron un alza del 1%, mientras la subida del IPC interanual en noviembre era del 2,9%.
ANTE LA DUDA, PREVISIÓN. No son pocos los expertos que empiezan a recomendar los planes privados de pensiones, pero en una economía en la que se vive al día, no muchos pueden lograrlo. Aún así, sí es importante planificar la jubilación con tiempo y mantenerse bien informado de los cambios legales que van surgiendo al respecto. De hecho, a la vista de la situación económica, más de uno ha acelerado su retirada del mercado laboral.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2007, el año en el que se marca el inicio de la crisis, se jubilaban 12.396 personas al mes, mientras que en el presente ejercicio ya son, de media, 21.256 las personas que han dejado por esta causa su puesto de trabajo. Estos datos se deben tanto a los Expedientes de Regulación de Empleo como a las prejubilaciones de aquellos que ven en el retiro profesional una salida a la inestabilidad laboral.
La esperanza de vida de los españoles aumenta 16 meses cada 10 años y se espera que el sistema pase a mantener a más de 15 millones de pensionista en 2050, lo que hace que una intervención sea necesaria, contando con los problemas de déficit que atraviesa en la actualidad el país. Pero también hay que hacer una reflexión para alimentar la esperanza, ya que llegará un momento en el que la economía española vuelva a crecer y, con ella, lo harán las pensiones.