Entre las causas que pueden provocar una emergencia social no suele incluirse a la Administración, pero en el caso de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento es lo que está sucediendo: la falta de personal administrativo está provocando que desde el pasado noviembre se amontonen expedientes de personas que solicitan la prestación de servicios tan demandados como la ayuda y la comida a domicilio o la teleasistencia. La solicitud se admite, pero no se gestiona. Y de ahí la situación de emergencia que están viviendo cientos de familias de la capital. 

Hace ya un par de semanas que la concejala y presidenta de esta gerencia municipal, Andrea Ballesteros, reconoció que había «alrededor de 200 expedientes atascados», tanto de nuevas altas en los distintos servicios como de ampliaciones de horarios, por lo que ayer no pudo precisar cuánto tiempo necesitará el Ayuntamiento para descongestionar un área al que se recurre por situaciones que no suelen poder esperar (ver testimonios adjuntos), ahora que, por fin, se ha conseguido incorporar a un administrativo. Profesional que, por otra parte, ya trabajaba en la gerencia. «Ahora mismo estamos mucho mejor en ese sentido que en estas últimas semanas, porque el viernes se incorporó una persona para tramitar lo más urgente», afirmó, antes de especificar que a esto hay que añadir que «hoy [por el martes] se dará publicidad a la bolsa de auxiliares administrativos porque ya se han resuelto las 34 alegaciones presentadas». Y, así, dio a entender que en próximos días podrán incorporarse los siete profesionales de esta categoría que necesita el Ayuntamiento. Lo cual no significa que el problema vaya a solucionarse, porque las nuevas altas se juntarán con todas las paralizadas.

De hecho, la responsable de Servicios Sociales en la oposición, la concejala del PSOE Sonia Rodríguez, advirtió de que «es imposible de todo punto» que una sola administrativa pueda gestionar todos los expedientes acumulados. Un montante en el que el grueso lo conforman las nuevas altas (así como las ampliaciones de horario) para los servicios de ayuda y comida a domicilio, pero al que, según destacó Rodríguez, hay que añadir «los informes de arraigo social y los de reagrupación familiar» solicitados en cinco Centros de Acción Social en los que no han contando con auxiliar administrativo en estos últimos tres meses: San Julián, San Pedro y San Felices, Gamonal Antigua, Capiscol y Gamonal Norte, donde ha habido una persona de baja. «En todos los casos hablamos de servicios absolutamente básicos y, desde noviembre hasta ahora, el equipo de gobierno debería haber buscado una solución».

Sandra Gómez Merino, pendiente de ayuda a domicilio desde el 31 de enero. - Foto: Jesús J. Matías

En este punto intervino el responsable de Personal en el PSOE, José María Romo, quien recordó que la «normativa permite contratar [en la Administración] a personas con carácter temporal y urgente». De ahí que no se comprenda cómo no se tomaron medidas al respecto en noviembre, cuando se acababa el contrato de los siete auxiliares administrativos. «Servicios Sociales pidió la continuidad de esas personas por seis meses más y, aunque el informe de Intervención fue negativo, el bipartito podía haber seguido adelante», añadió Rodríguez. 

Con independencia de las razones por las que el equipo de gobierno optó por prescindir de estos trabajadores y esperar a la publicación de la bolsa de trabajo, los expedientes se han amontonado sobre las mesas durante tres meses. Lo cual tendría importancia relativa si no se tratara de personas con situaciones que no entienden de burocracia. 

Sandra Gómez Merino | Pendiente de ayuda a domicilio desde el 31 de enero

Eduardo Lázaro Barga solicitó el 4 de noviembre ampliación de horas de ayuda a domicilio. - Foto: Patricia

«Pagamos por una prestación a la que mi madre tiene derecho, que se consideró urgente y que no le dan»

Todo el agradecimiento de Sandra Gómez hacia la trabajadora social del CEAS que le corresponde a su madre, el de San Juan, se transforma en crítica hacia el Ayuntamiento en general y la Gerencia de Servicios Sociales en particular por una gestión del personal que, recalca, «no entiendo» y que, como les sucede a más de 200 familias de la capital, ha privado a los Gómez Merino de una prestación social que, al final, están pagando por su cuenta.  

«Entiendo que la licencia para una casa te puede urgir, pero no es como una ayuda asistencial, que ha de ser inmediata. Y más en este caso, que se consideró urgente», dice Sandra, antes de explicar que todo comenzó el 20 de enero, cuando le dio un ictus a su madre, Benita. «Le afectó al cerebelo, que controla el equilibrio, así que su problema es de inestabilidad», explica, recordando que a los ocho días recibió el alta y pudo regresar a casa, pero sin autonomía suficiente para valerse por sí misma. «Salió del hospital el día 29, el 30 contacté con la trabajadora social y el 31, a las 08.00 horas, estaba hablando con ella en su despacho, así que por esa parte ninguna queja: todo fue rapidez y eficiencia», recuerda Sandra, sin necesidad de especificar que el problema llegó después.

«A pesar de que yo le escuché cómo explicaba que nuestro caso no era ordinario, sino urgente, la trabajadora me llamó al poco para decirme que veía complicado que nos lo fueran a tramitar y que, dado que lo necesitábamos, que lo contratáramos ya por nuestra cuenta», dice, aclarando que lo hicieron y que la familia está pagando 416 euros al mes por una prestación reconocida y a la que tienen derecho por una circunstancia sobrevenida. «Por ahora, hemos contratado una hora de ayuda a domicilio al día, de lunes a viernes, para que la aseen y otras dos a la semana de limpieza en casa», apunta Gómez, destacando que para todo lo demás se está organizando la familia como puede. «Pero, claro, los hijos trabajamos y, ahí, hay una especie de vacío, porque necesitas cuidar, pero no tienes días para hacerlo», comenta Sandra, recalcando que, mientras el Ayuntamiento resuelve el problema administrativo que impide a los Centros de Acción Social (CEAS) tramitar las peticiones de ayuda y comida a domicilio, entre otras, «no queda otra que pagarlo». 

Y dado que Benita recupera poco a poco, lo más probable es que para cuando se solvente, los Gómez Merino no lo necesiten. «Da rabia: es una prestación a la que tiene derecho y no la está recibiendo».

Eduardo Lázaro Barga | Solicitó el 4 de noviembre ampliación de horas de ayuda a domicilio 

«Mi padre murió sin recibir una ayuda reconocida legalmente y que imploré» 

Eduardo Lázaro protagoniza este reportaje por solidaridad con las más de 200 familias pendientes de que su petición de ayuda a domicilio se resuelva, dado que a la suya, ya, le es indiferente cuánto tarde el Ayuntamiento en resolver el problema: su padre murió sin recibir la prestación que solicitaba. «Siento que he mendigado por mis derechos. Te queda mucha impotencia», dice.

El padre de Eduardo tenía reconocido un grado 2 de dependencia y, por eso, le correspondían 30 horas mensuales de ayuda a domicilio, pero la familia, el pasado mayo, solo solicitó dos al Ayuntamiento. «Antes de usarlas se marchó al pueblo y las prestó la Diputación», recuerda Eduardo, especificando que el deterioro de su padre fue tan rápido que ya en verano solicitaron una ampliación de cuatro horas, que la Diputación resolvió y prestó. «Así que cuando volvió del pueblo, en noviembre, creímos que convenía mantener las seis horas semanales de ayuda a domicilio», dice, matizando que eso, en principio, solo conllevaba solicitar una ampliación de cuatro horas en el Ayuntamiento.

Me quejo de la inaccesibilidad del Ayuntamiento. Escribí 10 correos y solo recibí tres llamadas» 

«No me meto en el trabajo de los demás, pero no era más que ese trámite: pasar de dos a seis. La trabajadora social estaba de acuerdo, la empresa también y la empleada que venía a casa, por las dos horas reconocidas en mayo, igual», dice, matizando que solicitó este cambio el 4 de noviembre y su padre falleció el 13 de enero sin que se hubiera resuelto.

Y eso a pesar de que Eduardo presentó dos reclamaciones en el 010 y envió una decena de correos electrónicos al Ayuntamiento, dirigidos a la alcaldesa, a la concejala de Servicios Sociales y a la de Personal. «Esta última fue la única que me llamó, dio la cara e intentó hacer algo», recuerda Eduardo. De hecho, el 5 de enero le comunicaron que su caso se iba a tramitar por la vía de urgencia, pero ya era tarde, porque su padre no salió del hospital. «Nunca dije que lo mío fuera más crítico que lo de otros, solo pedí que se solucionara y le dieran una ayuda por la que imploré y que hubiera dado más calidad al final de su vida».