La alcaldesa, Cristina Ayala, ha evitado esta mañana ratificar en el cargo al concejal de Movilidad, José Antonio López, tras el escándalo que ha supuesto que la empresa encargada de la recaudación de las tarjetas de buses se haya quedado con 850.000 euros del Ayuntamiento. Al ser preguntada sobre si tomaría medias a nivel político, la regidora se ha limitado a afirmar que "si hay un problema los responsables últimos somos nosotros". A la insistencia sobre la petición de dimisión realizada por el PSOE, ha afirmado que "de momento lo que vamos a hacer es iniciar una investigación interna para saber qué es lo que ha pasado y en función de dónde pueda estar el fallo" tomar decisiones.

Ayala ha comentado que ya en mayo de 2023, poco antes de que finalizara la pasada legislatura ya se propuso algún impago por lo que "esto es un problema que arrastra a varios equipos de Gobierno". Lo que se va a investigar es si en diciembre de ese mismo año, cuando se adjudica el contrato a Prepay, persistían algunas deudas. Los informes técnicos, según ha querido aclarar la alcaldesa, aseguraban que no había ninguna irregularidad y esa una de las incógnitas que hay que despejar en este momento.

La regidora ha anticipado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento pondrán en conocimiento de la Fiscalía la "estafa" de Prepay. Ayala ha detallado también, cómo otra prueba de mala fe, que la empresa habría cambiado de administrador pocos meses antes de entrar en concurso de acreedores.