Un informe relativo a la contratación de empresas públicas en 2011, el Tribunal de Cuentas apunta que cuatro sociedades públicas  «cumplen razonablemente con la legalidad», pero critica, como resaltó durante su comparecencia el propio presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, que todas incumplen la Ley de Contratos del Sector Público de forma flagrante. De todas formas, y ante las acusaciones de la oposición sobre presuntas responsabilidades penales, Encabo aseguró que no existen.

 

Las empresas a las que hace referencia el informe son ADE Financiación SA (actualmente denominada Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, SA); ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León S.A.; Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. (Provilsa); y Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl).

 

El PSOE y el Grupo Mixto aprovecharon la presentación del informe del Tribunal de Cuentas en las Cortes sobre la contratación de las empresas públicas , para criticar que su funcionamiento se encuentra al margen de la ley.

 

La procuradora socialista Ana Muñoz de la Peña, que calificó de «bochornoso» el sistema de trabajo de estas sociedades, en especial de Provilsa y Somacyl, aseguró que «si fueran empresas privadas, perderían todas las licencias, estarían intervenidas y serían sancionadas». En este sentido, expuso que ha quedado demostrado que ambas empresas no respetan los principios de concurrencia y libertad de acceso, publicidad y transparencia en la contratación.

 

«Estas empresas son un despilfarro de fondos públicos, en las que hoy, sin inversiones en obra pública, su única inversión son los salarios escandalosos, que en el caso de Somacyl superan una media de 153.000 euros anuales», reiteró Muñoz de la Peña. A la vez, aseguró que son sociedades «prescindibles» que se han dedicado a «usurpar» competencias a la consejerías.

 

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, José María González, afirmó que el «oscurantismo y el mercadeo de favores que hay detrás del funcionamiento de estas sociedades públicas son un ejemplo más de la corrupción y vienen a corroborar la sensación que se ha instalado en la sociedad de que ciertos ámbitos de la política están por encima de la legalidad».

 

Por su parte, el portavoz de Hacienda popular, Salvador Cruz, reconoció que es necesario subsanar errores y mejorar algunas cuestiones como el deber que tienen estas sociedad públicas de facilitar información en materia de contratación el Consejo de Cuentas y al Ministerio de Hacienda, pero insistió que en el informe del Consejo de Cuentas se destaca todas «cumplen razonablemente la legalidad».