El Grupo Aspanias, principal colectivo empresarial y de atención a  personas con discapacidad y sus familias de la provincia de Burgos, que en 2019 hizo visible la mayor crisis que ha conocido desde su fundación, no acaba de tener el horizonte despejado del todo. Intervenido por la entidad regional Plena Inclusión en julio de 2021 por los graves problemas económicos y de organización que arrastraba y que pusieron en evidencia primero un grupo de familias y más tarde la propia Junta de Castilla y León, se acaba de encontrar con un gran problema de liquidez para afrontar el pago a los trabajadores sin discapacidad vinculados a la Fundación Aspanias, uno de los cuatro entes que lo conforman.

A este colectivo de empleados se les debe parte de la nómina de julio y algún otro concepto, como  informó DB esta semana, una situación que está directamente vinculada al impago que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta tiene con la entidad, una deuda que asciende a 700.000 euros. Se trata de una subvención que el Gobierno autonómico recibe del Ministerio de Trabajo y aporta a las entidades y con la que asume el 50% de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad. Esta ayuda -que supone 100.000 euros mensuales- lleva sin llegar desde principios de año aunque el pasado 16 de agosto se recibió la cantidad correspondiente a enero.

Desde Aspanias se explica que hasta el pasado mes de julio se consiguió vadear la situación tanto con fondos propios como con ayuda de los bancos y, sobre todo, sin que salpicara a la plantilla con discapacidad intelectual, mucho más vulnerable que el resto. De hecho, los 250 trabajadores de la Fundación CISA (que incluye el centro especial de empleo y enclaves en empresas normalizadas), todos con discapacidad, han cobrado puntualmente y son los 280 de la Fundación Aspanias (que se ocupan de la atención de las residencias, centros de día, formación...) los que están pendientes de alguna parte de sus nóminas.

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