La inspección técnica de edificios o de construcciones (ITE o ITC) es el instrumento que utiliza el Ayuntamiento desde 2012 para exigir a los propietarios de inmuebles que superen los 40 años de antigüedad que les sometan a un diagnóstico y realicen las obras necesarias para su mejora. En los inicios de su puesta en marcha, Burgos era un ejemplo de ciudad cumplidora a pesar de ser los edificios más antiguos los primeros en pasar por el examen técnico y poder presentar más patologías cuya solución resulta más costosa. La pandemia empezó a lastrar los buenos resultados, a pesar de dar una moratoria de cuatro meses más y desde entonces el grado de cumplimiento ha caído en picado, sobre todo, porque incumplir no tiene consecuencias en forma de multas como sucede con la inspección técnica de vehículos (ITV).

De los 326 inmuebles que tenían que haberla presentado a 31 de diciembre de 2023, lo han hecho 125. Eran los construidos entre el año 1982, aquellos que tuvieron la obligación en 2012 y deben someterse a una segunda inspección al haber transcurrido diez años de la primera, y los que tenían que hacerlo antes de 2023 y no lo hicieron. Es decir, dos de cada tres han incumplido. Se da la circunstancia de que de 2022 todavía quedan un centenar de edificios que no han pasado por el trámite. De los 707 que conforman el padrón a 31 de diciembre de ese año habían cumplido 205 y 402 lo han hecho a lo largo de 2023, es decir fuera de plazo. No presentarla ni hacerlo después del 31 de diciembre del año de la obligación está teniendo consecuencias negativas para las comunidades de vecinos o propietarios individuales, así que al no pender la espada de Damocles de una sanción la obligación se alarga en el tiempo. «El que tiene que exigir que se pase la inspección es el Ayuntamiento y lamentablemente tendrá que empezar a sancionar. La gente solo entiende si hay sanciones», apunta el presidente del Colegio de Arquitectos, Javier Achirica.

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