El amianto, un material que fue muy utilizado durante décadas en el sector de la construcción debido a sus propiedades aislantes y por su bajo precio, se prohibió en España en el año 2002 tras haberse confirmado que su presencia tenía relación directa con la aparición de enfermedades como la fibrosis pulmonar o el cáncer. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular aprobada en 2022 obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de los inmuebles municipales que contienen este material, incluyendo un calendario que planifique su retirada.

El sindicato CCOO y el comité de empresa decidieron acudir a la Inspección de Trabajo para denunciar la situación del edificio de la carretera de Poza, 98 que acoge la sede de la Brigada de Obras y de las cocheras de autobuses al constatar que el tejado de este material presentaba varios agujeros y podría representar un riesgo para los trabajadores. 

El dictamen firmado el pasado 16 de febrero concluye que en la parte de la Brigada de Obras se han detectado fibras de fibrocemento e insta a su retirada en un plazo de seis meses. «El informe del inspector constató su existencia, dado que el techo está roto en varios sitios. Son esos agujeros los que hacen la ventilación del aire, de modo que cada vez que el aire pasa por ellos mueven las fibras del amianto. Hay un agujero que tiene cuatro metros cuadrados», indicó Marcos Citores, responsable de CCOO en Administración Local.

El comité de empresa exige celeridad al Ayuntamiento para proceder a la retirada, aunque para ello deberá contar con una partida presupuestaria. «Ahora hay una denuncia de la Inspección de Trabajo y tendrá que acometer esta actuación. Estando en juego la salud de los trabajadores no nos podemos quedar de brazos cruzados. Cuando las fibras se quedan en los bronquios es para toda la vida», añadió. 

Desde las filas del PSOE, el concejal José María Romo exigió al equipo de Gobierno que saque a concurso la retirada del amianto de este edificio y del resto de titularidad municipal. «El propio deterioro por el paso del tiempo es preocupante y mientras se retira pedimos que se apliquen con rigor las medidas de protección». 

El anterior equipo de Gobierno encargó un proyecto para la retirada de las naves de los Almacenes Municipales, ubicados en el polígono de Villalonquéjar, que concluyó que tendría un coste de 1.082.200 euros, pero las obras no se sacaron a concurso. 

La normativa para la retirada de este material, ya que sobre este aspecto lo que dice la Ley es que «las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes del año 2028.