El Ministerio de Educación sorprendió a la hora de bajar el número máximo de alumnos que pueden estar en cada clase. Una medida, que en el caso de Castilla y León no tendrá efectos ya que en los colegios e institutos de la Comunidad, más que masificación de las aulas, el problema es que sobran pupitres con tan pocos niños. 

Por ejemplo, en educación Infantil y Primaria, el Gobierno ha establecido que en lugar de 30 el máximo de estudiantes por clase sean 25. Sin embargo, en Castilla y León la ratio media de alumnos en estos ciclos es de 17,5 niños por clase, con un margen aún de ocho.

Desde la Consejería de Educación, no obstante, recuerdan que Castilla y León no se acogió a la decisión de poder ampliar el número máximo de alumnos en 2012, que ahora el Ministerio decidió rebajar y en ningún caso se permitió superar los límites que ahora vuelven a estar vigentes en toda España.

En el caso de Secundaria, el límite baja de 36 alumnos que podían entrar hasta ahora a 30; si bien en los institutos de Castilla y León la media se encuentra en 23,9 alumnos.

En el caso de Bachillerato, pasa de 42 a 36 estudiantes por aula y en Castilla y León las clases tienen de media 25,3 jóvenes en las asignaturas comunes. En este ciclo, el problema de la falta de alumnos se acentúa aún más, sobre todo en las optativas. Por ese motivo, con la entrada en vigor de la Lomce, la Junta ha optado por reducir el mínimo para cursar una materia de libre elección y en lugar de quince se requieren a partir de ahora diez estudiantes que la demanden para que el instituto tenga que ofrecerla. 

Este problema se da fundamentalmente en los institutos situados en el medio rural y los jóvenes sólo tienen dos opciones, o cursar las mismas asignaturas que los demás para garantizar el quórum o desplazarse de su localidad a otra, habitualmente la capital, donde encontrar la oferta lectiva que se ajuste al currículum que quiere diseñar como paso previo a la universidad. 

También el mínimo de alumnos en Infantil y Primaria es un problema. De hecho, una de las batallas de la Junta con el Gobierno está relacionada con la financiación de la Educación para poder mantener aulas abiertas en el medio rural con al menos cuatro niños, lo cual encarece su coste.