La Junta organizará en Ávila en octubre el décimo séptimo Congreso del Juego, «que se ha consolidado como un referente nacional en el sector del juego y las apuestas». Así lo afirmaron, textualmente, en un comunicado remitido esta semana a los medios; un documento en el que, sin embargo, se olvidaron de mencionar a las cientos de familias a las que el juego y las apuestas arruinan la vida cada año. 

Ante semejante iniciativa, creo obligado preguntar si alguien imagina a una Administración pública liderando un congreso con las tabacaleras, dado que también se recaudan impuestos con la comercialización de este producto tan nocivo. O, mejor aún, con productores de cocaína y demás participantes en el negocio. Claro, se podría replicar que esta última sustancia es ilegal, y es verdad. La pregunta, para mí, es por qué motivo todavía no se ha regulado su venta, dado que quien quiere consumirla no tiene problema alguno para hacerlo. Ni siquiera menores.

En una sociedad en la que se pasa por alto que un Gobierno autonómico pueda organizar un congreso sobre el juego y las apuestas, no creo que nadie pueda rasgarse las vestiduras porque, llegados a este punto, haya personas que creamos que deberían legalizarse determinadas drogas para acabar con el narcotráfico y el enriquecimiento ilícito de cuatro a costa de la vida de muchos. Ahora bien, eso tampoco justificaría que una Administración pública organizara un congreso con «representación de todos los subsectores de la industria» -en lo relativo al evento del que la Junta se enorgullece, «juego, máquinas, bingos, salones de juego, casinos y casas de apuestas»- como si fuera algo para aplaudir.

No estoy defendiendo aquí que la droga sea algo bueno ni inocuo. Pero tampoco lo es el tabaco ni mucho menos el juego y ya ven, la Junta les organiza un congreso.