Un total de 830 unidades familiares han necesitado de las ayudas de urgencia social que concede el Ayuntamiento para subsistir, según los datos aportado hoy por la concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros. Suponen un aumento del 3,6 por ciento en relación a 2022. Pese a ese al incremento experimentado, 2023 fue la segunda anualidad de la última década con una menor cuantía, algo que se relaciona con la pérdida del impacto de la declaración del estado de alarma por la pandemia y la disminución de las familias preceptoras de Ingreso Mínimo Vital o Renta Garantizada de Ciudadanía y la disminución del número de desempleados.

De las 986 personas solicitantes, el 68,36 por ciento fueron mujeres, un porcentaje algo superior a 2021 (67,20%). Este dato evidencia que es la mujer quien más se moviliza para la cobertura de necesidades del ámbito familiar, así como que las mujeres están teniendo un mayor peso en los sectores sociales en situación de precariedad económica.

En cuanto a la distribución geográfica, los centro de accción social (CEAS) que han experimentado una mayor demanda de las prestaciones económicas de urgencia social han sido Julián, Centro-Vadillos y Capiscol, que suman entre los tres el 42,5 por ciento del total. La memoria de estas prestaciones muestra, además, que a través del Servicio de Urgencia Social (SUS) se han tramitado 3 alojamientos alternativos y gastos de manutención de personas que no están empadronadas.

En cuanto a la tipología de las ayudas concedidas, el mayor número de solicitudes de se corresponde con la atención de necesidades básicas de subsistencia y pago de alquiler. Según señaló Ballesteros, se destinaron para las prestaciones ordinarias 842.142 euros, incluyendo las cantidades destinadas a alojamientos alternativos, y 56.722 euros fueron concedidos en el epígrafe de las prestaciones extraordinarias. La Junta de Castilla y León, a través del Acuerdo Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales, aportó la cantidad de 664.600 euros.