Los concursos de acreedores presentados por personas físicas se han cuadruplicado en Burgos en los últimos dos años, el mismo tiempo que lleva vigente el texto refundido de la Ley Concursal que abrió la puerta a una 'segunda oportunidad' para solucionar la situación de aquellas personas que, al igual que ocurre con las empresas, estén sobreendeudadas o en riesgo inminente de estarlo y no tengan posibilidad alguna de salir de esta situación por sus propios medios.

El impacto social de esta modificación legislativa es tal que estos casos personales son hoy, con diferencia, los más numerosos, superando con creces las quiebras de empresas que, hasta 2022, copaban la actividad del Juzgado de lo Mercantil. Más del 80% de los casos que atiende este tribunal son deudores en quiebra, una mayoría sin bienes para salir de su situación.  

El año en el que entró en vigor la conocida como Ley de la Segunda Oportunidad se presentaron 52 concursos de acreedores de personas físicas. Un año después, la cifra se triplicó hasta los 176 casos, y el último dato disponible en el Consejo General del Poder Judicial de 2024 confirma que ya se superan los 163 casos hasta el tercer trimestre y que el último ejercicio marcará un récord histórico.

En torno a una veintena de personas acude cada mes al Juzgado para intentar salir de una situación que se ha vuelto insostenible y la verdad es que muchas de ellas consiguen cancelar su deuda previa a la solicitud de presentación de concurso y volver a la casilla de salida.

Es el caso de un deudor burgalés particular (trabajador por cuenta ajena con una nómina normal y corriente) al que el juez ha exonerado de una deuda que asciende a 238.502,34 euros repartida entre un total de 26 créditos, concedidos por diferentes entidades financieras (bancos, supermercados, prestamistas, entre otros) y cuya cuantía oscila entre 100 y 68.214 euros.
El auto, según explica el abogado Javier Martín, que ha llevado este caso, detalla que el concurso no fue declarado culpable, que el afectado intentó alcanzar previamente un acuerdo extrajudicial de pagos y que se han abonado todos los créditos contra la masa y no hay créditos privilegiados, aquellos que se tienen con Hacienda o la Seguridad Social o vinculados algún bien del deudor como la vivienda o un coche.

Y no es el único beneficiado. Solo el despacho burgalés Martín Saiz Abogados ha llevado hasta la fecha más de 40 casos desde la entrada en vigor de la reforma y ha logrado la exoneración de en torno a 1,2 millones entre sus clientes, en una media de 30.000 euros por caso.

Su previsión, tras los recelos iniciales que despertó esta reforma judicial entre la ciudadanía, es que los casos ante el Juzgado de lo Mercantil sigan creciendo, pues todavía hay personas que arrastran deudas de la crisis de la construcción y de la pandemia, principalmente, y también se están viendo arrastradas por la subida de los precios, principalmente, de la vivienda.

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