La Gerencia Regional de Salud (Sacyl) exime su responsabilidad en la acumulación de casi uno de cada cuatro actos médicos atascados de los que ofrece cifras oficiales en la capital; es decir, del 24,5% de las 49.322 primeras consultas, cirugías y pruebas diagnósticas pendientes en el HUBU a finales de junio del 2024: 12.111 actos, entre las tres categorías.

La responsabilidad de esta demora es, siempre según se desprende de la información oficial, de facultativos y pacientes, ya que Sacyl se la atribuye al «aplazamiento clínico» -sin especificar los porqués- y, en mucha menor medida, al voluntario. El porcentaje de pacientes que esperan a ser operados o atendidos por causas que Sacyl entiende que no pueden achacarse ni a los medios ni a la organización era hace un año del 20,6% del total.

La razón de este incremento interanual es, a priori, relativamente sencilla de entender y de explicar: el HUBU ha reducido la lista de espera de los pacientes de los que sí se responsabiliza (la denominada lista 'estructural', que depende exclusivamente de los recursos y organización de la sanidad pública), pero en lo relativo a este otro listado que ejerce de 'limbo' asistencial sucede lo contrario: lejos de menguar, se ha incrementado. 

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