Es uno de los pocos supervivientes de la amnistía de 1977. Fundador de ETA, condenado a muerte en el Proceso de Burgos -pena finalmente conmutada-, pasó diez años en prisión antes de recobrar la libertad merced a aquella norma jurídica que permitió que salieran a la calle presos políticos y quienes habían cometido, entre otros, delitos de rebeldía y sedición. Junto al desaparecido Mario Onaindía fundó Euskadiko Eskerra, partido por el que fue diputado y que abandonó en el año 1990 para ingresar en PSE-PSOE. Desde que saliera de la cárcel estuvo amenazado de muerte por la banda a la que perteneció. Es miembro de la Fundación para la Libertad, referente cívico en el País Vasco. Hasta hace unas semanas, la palabra amnistía le provocaba un grato recuerdo: su prodigiosa memoria le permite evocar con nitidez las amplias sonrisas que se dibujaron en su rostro y en el de Onaindía cuando supieron que la ley había sido promulgada, y más grandes si cabe cuando, por fin, pudieron volver a poner un pie en la calle, porque -recuerda- muchos de los suyos (Letamendía, su representante en las Cortes, por ejemplo) no estaban a favor de aquel colectivo perdón. 

Desde que se vincula a Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española tras asestar un golpe de Estado proclamando unilateralmente la independencia de Cataluña, la palabra amnistía le provoca urticaria. Asegura que no hay comparación posible entre aquella del 77 de la que él se benefició y la que ahora planea en torno al que fue presidente de la Generalitat. Siempre socarrón y lúcido, se permite hasta ser deslenguado al analizar el momento político que está atravesando el país. «Yo fui amnistiado en un cambio de régimen. Y el primer paso para que se produjera la transición de la dictadura a la democracia era que las gentes que habíamos sido juzgadas por el franquismo saliésemos a la calle y empezase el proceso constituyente. Fue un primer paso que costó muchas vidas: hubo muertos en las manifestaciones; fue algo bastante heroico y costoso. El que diga que no hubo ruptura en la Transición miente. Hubo una ruptura pactada por gente del régimen y gente que provenía de la oposición».

Lo que entiende Uriarte que era un paso trascendente «se está convirtiendo en una farsa en estos momentos. En una prevaricación descarada: es como si un candidato necesitara votos y les dijera a los constructores que permite edificar en primera línea de costa. Esto es más grave todavía: es quebrar un sistema político en el que la amnistía forma parte fundamental del cambio en nuestra historia por cuatro votos. Es la prevaricación política más grave que he visto yo en mi vida. Evidentemente, tiene una trascendencia política enorme porque eso significa que tiene que cambiar todo. Ya en el debate de la Constitución se habló de que no habría más amnistías -hubo dos enmiendas que se rechazaron-. Pero al margen de que no lo recoja la Constitución, me parece una indignidad, una inmoralidad política el hecho de que, por cuatro votos, se tome una decisión que puede afectar la estabilidad de un país, su futuro. Porque obligaría a cambiarlo», apostilla.

(El reportaje completo en la edición impresa de este domingo de Diario de Burgos)