Un jurado popular juzgará del 22 al 30 de noviembre a David D.J, como presunto autor del asesinato de Fernando Javier Martín Gómez, un mirandés de 60 años que trabajaba como escayolista y con el que discutió por un tema de drogas el mismo día de su muerte, el 26 de abril de 2019. Se enfrenta a penas de hasta 22 años de prisión por lo que las acusaciones califican como asesinato. Según la tesis que sostiene la Fiscalía, la víctima no murió nada más recibir el disparo sino que agonizó durante al menos una hora, desangrándose en el pasillo de su casa, por lo que «podría haberse salvado» si hubiera recibido asistencia médica. 

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos ha señalado 7 sesiones, porque durante la vista tendrán que declarar una veintena de testigos y peritos, además del principal acusado y sus dos presuntos cómplices, Jonatan G.C. y Cristian S.A., procesados por encubrimiento al considerarlos responsables de arrojar el cuerpo al río Ebro en la laguna de Montañana. 

El Ministerio Público reclama para David D.J. 18 años de prisión como autor de un delito de asesinato y otros 2 por tenencia ilícita de arma corta de fuego, ya que carecía de permiso ni de guía de pertenencia de la pistola con la supuestamente cometió el crimen, que disparaba munición de 7 mm. Además, solicita una indemnización de 100.000 euros para cada uno de los dos hijos del fallecido. El abogado de la familia de la víctima eleva la petición de penas hasta los 22 años de cárcel (20+2). 

Víctima y acusado eran vecinos en la calle Rioja de Miranda de Ebro. Según el relato del fiscal, la mañana del 26 de abril de 2019 se percató de que le faltaba una «cantidad indeterminada de cocaína y también las llaves del piso» en el que vivía Fernando Javier Martín «y en el que el acusado escondía habitualmente la droga», por lo que «muy nervioso» sospechó primero de su propio hermano. Llamó a sus padres, «que se encontraban en Segovia, para participarles sus sospechas», y estos respondieron que no podía haber sido su otro hijo y le pidieron «que se tranquilizase y esperase a su llegada para aclararlo todo».

Pero lejos de tener paciencia, según prosigue elMinisterio Público, cogió la pistola y fue al piso de su vecino, que estaba dentro. Iniciaron una discusión durante la que, «con evidente ánimo de causarle la muerte», David disparó a Fernando Javier «cuando este se encontraba a corta distancia, vuelto de espaldas y sin posibilidad de defenderse, alcanzándole en la parte posterior del abdomen», detalla el escrito de acusación.

La herida no afectó a ningún órgano vital, sino que, según el informe forense, entró «por debajo de la última costilla sin lesionarla y debajo de la fosa renal» y «afectó a la pared abdominal y al meso, pasando muy cerca de la aorta pero sin dañarla». La perforación del meso (una víscera abdominal) «produjo un sangrado sin destruir órganos vitales por lo que si Fernando Javier hubiera recibido asistencia médica podría haber salvado la vida», apunta.

La Fiscalía sostiene además que el acusado tuvo intención de causar la muerte a su vecino tanto en el momento en el que disparó como cuando le dejó «intencionadamente desangrarse», sin avisar «a nadie de que se encontraba herido», como finalmente ocurrió después de un tiempo indeterminado, pero no menos de una hora, «a consecuencia de un shock hemorrágico por intenso sangrado de la cavidad abdominal a causa de las dos heridas abdominales y el desgarro del meso intestinal en el trayecto lesivo que las une», tal y como detalló el informe de la autopsia.

La defensa, por contra, se centrará durante el juicio en tratar de demostrar que David D.J. no tuvo intención de matar a su vecino y «amigo», sino que fue algo fortuito y con su percepción alterada en aquel momento por la ingesta de alcohol y drogas, tras pasar días «a cocaína y whisky», además de recalcar que sufre una discapacidad del 65%.

La Fiscalía asume que «ha sido diagnosticado de discapacidad intelectual leve, trastorno mixto de la personalidad y trastorno por abuso y dependencia a tóxicos», pero que en ningún caso tienen la relevancia como para impedir o alterar su capacidad de querer y entender. Con respecto al momento puntual, apunta que no está «objetivado que el acusado se encontrara en estado de intoxicación por su consumo» cuando cometió el crimen, por lo que no se puede considerar una atenuante.

David D.J. lleva en prisión desde junio de 2019.Su defensa ha solicitado en varias ocasiones la puesta en libertad, tras alegar que ha confesado y colaborado con la investigación judicial, además de mantener «un comportamiento intachable» en la cárcel. Sin embargo, sus peticiones han sido rechazadas por el elevado riesgo de fuga y por las graves penas a las que enfrenta.