La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) plantea inversiones de 100 millones de euros entre administraciones para implantar medidas que permitan minorar la dosis de abonado agrícola, con el fin de reducir los excedentes generados en un 25 por ciento del actual en toda la demarcación hidrográfica y que las masas de agua superficial y subterránea puedan alcanzar el buen estado químico en 2027.

Así aparece recogido en el ‘Esquema provisional de temas importantes’ para la revisión del plan hidrológico de la Cuenca consultado por Ical, en información pública, que indica que esta reducción de abonado se reduciría en un 42 por ciento aquellas masas de agua superficial que en la actualidad presentan una “presión significativa por exceso de nitrógeno acumulado”.

Además, como medida adicional, para las masas de agua superficial se propone la colocación de bandas de protección que se disponen en forma de franja a lo largo de los cauces, formadas por vegetación natural, de tal manera que actúen como filtro y reduzcan la cantidad de nitratos y resto de fertilizantes originados por la escorrentía agrícola.

De hecho, la Comisión Europea presentó recientemente estudios en los que se establece que la reducción de fertilizantes está entre el 25 y el 75 por ciento, en función de la anchura de la banda, que puede llegar hasta los 20 metros. El organismo de cuenca estima que su colocación en la demarcación tendría un coste de 45 millones de euros, en “concepto de pérdidas de producción agrícola”.

Estas bandas de protección “deberían ser objeto de mantenimiento para evitar que se convirtieran en reservorios de plagas”, como por ejemplo, cita, del topillo campesino, “pero compatibles con el buen estado de cauces”.

En cuanto a las masas de agua subterránea, con la reducción de los excedentes de nitrógeno del 25 por ciento, se obtiene que cuatro de las 64 que se encuentran registradas no alcanzarían el buen estado químico en el horizonte 2027. Además, el documento propone reducir las extracciones en aquellas que están en mal estado cuantitativo en unos 208,38 hectómetros cúbicos al año.

De hecho, en las seis masas más relevantes (Tordesillas, Páramo de Cuéllar, Los Arenales, Medina del Campo, Tierra del Vino y Salamanca), la sustitución de las extracciones de aguas subterráneas por superficiales ascendería a 115,17 hectómetros cúbicos al año, lo que afecta a una superficie de 20.094 hectáreas de regadío, que en este caso “seguirían cultivándose, pero con un cambio en el origen del agua de riego”.

Contaminación urbana e industrial

Los objetivos del Esquema de Temas Importantes se resumen en llevar a cabo la identificación, definición y planteamiento de soluciones para los principales problemas, tanto actuales como previsibles, de la demarcación hidrográfica relacionados con el agua. Se estructura en una docena de grandes temas, que pasan por medidas sobre contaminación difusa y urbana e industrial; uso sostenible de las aguas subterráneas; y alteraciones hidromorfológicas. Asimismo, se aborda la implantación de caudales ecológicos; la sostenibilidad del regadío; y la adaptación al cambio climático.

Una de las más relevantes es el apartado de de contaminación urbana e industrial, por la importante cifra de población a la que afecta. En la demarcación del Duero existen en torno a 5.500 núcleos urbanos habitados por una población de unos 2,14 millones de personas. El censo de vertidos recoge 5.814 autorizados de naturaleza tanto urbana como industrial. Pero la carga contaminante estimada de estos vertidos se estima en 4,46 millones de habitantes equivalentes. De acuerdo con los datos, cuatro de cada diez vertidos urbanos carece de tratamiento adecuado.

En este sentido, el plan propone priorizar la aplicación de tratamientos de mayor eficacia en aquellos vertidos urbanos con tratamiento no adecuado de más de 250 habitantes equivalentes sobre masas de agua en riesgo; en aquellos con tratamiento no adecuado de más de 2.000; y en los vertidos a zonas sensibles. Bajo estas hipótesis se obtiene una mejora, de forma que menos del 10 por ciento de las masas de agua superarían la carga límite establecida como “presión significativa”.

Para conseguir estos datos se deben realizar tratamientos adicionales sobre un total de 279 vertidos que conllevarían una inversión de unos 34,4 millones de euros. Al coste de estas medidas habría que añadir el de mantenimiento de las nuevas infraestructuras de depuración y las existentes.

Alteraciones hidromorfológicas

En cuanto a las alteraciones hidromorfológicas, el documento plantea el adelanto de las medidas previstas en el horizonte 2028-2033 para la mejora de la continuidad longitudinal y continuidad lateral al periodo 2022-2027.

Esto significa la permeabilización de determinadas presas y azudes existentes en la cuenca mediante demoliciones de aquellas que se encuentran en desuso y con la construcción de pasos para peces en las presas y azudes asociados a aprovechamientos en vigor. Esto supone actuar sobre un total de 292 masas de agua en ríos de la cuenca, con una inversión total de 102,86 millones de euros.

Sobre la implantación de caudales ecológicos o la sostenibilidad del regadío, el documento se ciñe al cumplimiento del Plan Hidrológico vigente en cuanto a las medidas programadas con la incorporación de un régimen de caudales máximos durante los meses de julio, agosto y septiembre en 19 embalses.

El informe precisa que la superficie regable crecerá un siete por ciento en el periodo del programa, hasta las 585.654 hectáreas regadas, lo que incrementaría la demanda anual hasta los 3.570 hectómetros cúbicos. En total, la ejecución de las medidas previstas para llevar a cabo esta opción supone una inversión planificada de 449 millones en el periodo 2019-2027.

En este sentido, para la adaptación al cambio climático se suma también como condición de contorno una reducción del 11 por ciento de la aportación natural de la cuenca, obtenida en el inventario de recursos hídricos elaborado para el Plan Hidrológico del Duero del Tercer Ciclo (2021-2027).

Ordenación y seguridad

En materia de seguridad y optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos e infraestructuras, el informe admite que apuesta por una alternativa “menos ambiciosa ambientalmente, pero que velará por el cumplimiento de los objetivos ambientales adecuándose a las circunstancias socioeconómicas presentes”.

Así, recoge la implantación de los planes de emergencia de todas las presas de la demarcación, con un valor de 27,3 millones de euros. También se plantea la adaptación estructural de las infraestructuras en las que esta acción suponga mayor beneficio ambiental en relación con el coste de realizar estas adaptaciones, con una inversión de 14 millones. Y se estima un coste de 200.000 euros anuales para el seguimiento e inspección. En total, 43 millones de euros.