El Informe de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Deuda Pública de la liquidación del ejercicio 2023, elaborado por la Intervención General, confirma que el Ayuntamiento de Burgos «tendrá que reducir durante el ejercicio 2024 su endeudamiento neto en al menos 30 millones de euros, que se financiarán con cargo al remanente de tesorería». Esta información, anticipada por este periódico esta semana, se traduce en que el Consistorio rebajará su deuda en unos niveles no vistos en los últimos años, si bien el precio que tendrá que pagar por ello será que el Gobierno de coalición del PP y Vox dispondrá en las modificaciones de créditos de menos recursos que en ejercicios anteriores para gastos generales e inversión.

La liquidación del Presupuesto de 2023, recién rematada, muestra que el ejercicio pasado se cerró con unos remanentes de tesorería de 78,5 millones de euros. Una cifra que no se corresponde con la del superávit, según se comunicó erróneamente a los medios de comunicación en una nota de prensa, ya que el resultado presupuestario (una vez realizados los ajustes oportunos) arrojó un balance positivo de 37,7 millones de euros. No es una cifra precisamente baja, pero sí muy alejada de la que se transmitió.

La realidad es que de esos 78,5 millones de euros de remanentes, hay que restar alrededor de 7,9 millones para hacer frente a los pagos de la famosa cuenta 413 (facturas atrasadas), una cantidad que podría rondar los otros 20 millones de euros de obligaciones reconocidas pero que no se pagaron al cierre del ejercicio pasado y los «al menos 30 millones» que Intervención afirma que hay que amortizar de deuda. Y ya no tanto por el hecho de la interpretación de si las reglas fiscales están suspendidas o no, si no simplemente porque así lo mandata el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación al destino del superávit.

Una vez descontadas todas estas obligaciones, al equipo de Gobierno le quedaran otros alrededor de 20 millones de euros extra para incorporar a las cuentas de este 2024 mediante modificaciones presupuestarias.

El resto de la liquidación del presupuesto arroja otros datos como el de que la deuda viva del Ayuntamiento se sitúa ya en 100,52% y rebaja el umbral del 110% que impide, entre otras cosas, solicitar nuevos préstamos. La deuda total, conformada prácticamente en su integridad por los consorcios, supera los 204 millones de euros.

El cierre del ejercicio muestra también una buena evolución (aunque siempre mejorable) en el periodo medio de pago a proveedores, que en diciembre se situó en los 19,50 días (el límite legal está en 30).

Balance del PSOE. El portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, defendió que en la liquidación se aprecia que «pese a que el PP y Vox iban a demostrar una mejor gestión, la realidad es que en estos meses no se ha visto que sea así» ya que las cifras muestran que el año pasado «se ejecutaron un tercio de las inversiones previstas». Es decir, un balance «muy similar e incluso peor» al de 2022.

De la Rosa quiso recordar que ya avanzaron el pasado mandato el objetivo de reducir la deuda viva por debajo de ese 110%. Una cifra, según apuntó, que caerá aún más con la obligación de amortizar este año otros 30 millones.

Llamó la atención, de nuevo, por la subida de la tasa de aguas pese a obtener 2,4 millones de euros de ganancias