El pasado 16 de enero el arzobispo Mario Iceta firmó el decreto de renovación de la Oficina para la Recepción de Denuncias y Acompañamiento de las Víctimas de Abuso Sexual, que desde entonces se llama Oficina para la Protección de Menores y Personas Vulnerables. Lo hizo, según se explicaba en el texto, para poner a la diócesis burgalesa en consonancia con la evolución de la organización de estas oficinas en todo el país «y con la decidida finalidad de que, en sintonía con la voluntad decidida de la Iglesia Católica y con el magisterio del Papa Francisco en esta materia, conforme a las indicaciones recibidas desde la Conferencia Episcopal Española, sea un órgano que no sólo recoja las denuncias y acompañe a las víctimas de abusos sexuales, sino que, además, se oriente a la promoción y desarrollo de la formación para la prevención y definitiva erradicación de cualquier conducta constitutiva de abuso».

Al frente está, desde entonces, la abogada Mercedes Hernández (Burgos, 1970) con un equipo formado por la psicóloga Isabel Muñoz-Cobo y los sacerdotes Marcos Pérez Illera y Carlos Azcona, que en la diócesis ejerce, además, de compliance officer, una figura -existente también en las empresas- encargada de garantizar que los procesos organizativos cumplan con los requisitos legales. Son asesores el sacerdote y periodista Álvaro Tajadura y el arquitecto Miguel Ángel Ortega.

Aunque fue en el año 2018 cuando la Iglesia Católica burgalesa se dotó de un primer protocolo contra los abusos sexuales, en todo este tiempo y siempre según los distintos portavoces diocesanos no se había registrado ninguna denuncia ni llamadas o demandas. Pero esto ha cambiado. En 2022, relata Mercedes Hernández, se recibieron dos consultas telefónicas de sendas personas adultas que explicaron haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia durante su infancia: «Les informamos de que tenían derecho a denunciar y les ofrecimos esa posibilidad, pero en los dos casos la rechazaron y nos pusimos a su disposición haciendo una labor de acompañamiento, que es lo que nos pidieron y que aún se mantiene en uno de los casos».

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