El caso factura se ha desdoblado en varios frentes que constituyen en sí mismos un capítulo del serial a analizar por separado pero que arraigan en el acceso del concejal de Nuevas Tecnologías, Eduardo Villanueva, a un duplicado de la tarjeta de datos adscrita al departamento de Informática del Ayuntamiento de Burgos en octubre de 2010.
A partir de ahí, fue la «mala praxis» del concejal, en palabras de la compañía suministradora que ratifican lo que ya había adelantado este periódico, lo que provocó el consumo desaforado. El problema radica en que empleó el duplicado en un dispositivo, todo indica que un portátil particular, que no estaba ‘cubierto’ por la tarifa plana que asiste a todas las demás terminales municipales. Eso provocó una facturación de decenas de miles de euros que tocó techo entre el 18 de abril y el 17 de mayo de 2011, cuando el consumo efectuado desde esa línea fue equivalente a un coste inicial de 207.000 euros.
A ese importe se aplicaron los descuentos oportunos y se sumó el IVA, por lo que la facturación definitiva asociada al duplicado fue de 122.000 euros. Fue entonces cuando la compañía advirtió al Ayuntamiento de lo que estaba sucediendo y se inició un rocambolesco proceso de negociación para anular las facturas del que ya ha dado sobrada cuenta este periódico en sus ediciones anteriores.
Pero, además de que Villanueva mintió al negar que tuviera algo que ver con esa línea induciendo a todo el equipo de Gobierno a sostener en público una afirmación falsa, hay algo innegable en este suceso: el duplicado se ha utilizado desde entonces para mover cantidades ingentes de datos que nadie en el Ayuntamiento, ni siquiera al más alto nivel, se cree que pudieran estar vinculados a la condición de concejal de Villanueva. Además, la linea copiada no descansaba.
Las cifras
Por ejemplo, en diciembre de 2011 la tarjeta en cuestión movió 322.135 kilobytes el día de Nochebuena. Cantidades similares o superiores se movieron los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre y el dispositivo no descansó, aunque con consumos menores, ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en Reyes. Pero ese volumen de datos es una simple gota en un río si lo comparamos con lo que se movió en el periodo entre abril y mayo de 2011 (221 gigas) y, sobre todo, si se coteja con los últimos meses de 2011 y todos los meses de este año (hasta septiembre).
A partir de que se detectó que el uso fuera de los terminales municipales había generado un problema de facturación que hubo que ‘resolver’ y cuyo desenlace está por ver, o bien se acordó con Telefónica que la tarjeta entrara en tarifa plana se usara donde se usara, o bien pasó a ser utilizada en terminales asociados, porque los consumos de finales de 2011 y de todo 2012 convierten en una broma a esos 221 gigas.
Así, en noviembre de 2011 se movieron 716,8 gigas. En diciembre fueron 536,6. En enero 335,4. En febrero 207,5. En marzo 157,6. en abril 271,6. En mayo 297,4. En junio 280,5. En julio 200,9. En agosto 119,2 y en septiembre 172,5. Si lo prefieren sumado, entre enero y septiembre de este año, ambos incluidos, el duplicado movió 3.296 gigas. 3,21 terabytes.
Las consultas realizadas por este periódico a expertos en la materia señalan que la explicación más posible, que no necesariamente tiene que ser la correcta, es que la tarjeta haya sido utilizada en un router que sirviera ADSL a numerosos ordenadores a la vez. «Un sistema abierto a varias máquinas al mismo tiempo», especifican. Eso, en cualquier caso, son meras valoraciones. El resto son datos objetivos a los que ha tenido acceso este periódico.
¿Para qué?
Actualmente, aseguran fuentes municipales, el único que puede explicar qué se hizo con la tarjeta para operar tal cantidad de datos es el propio Villanueva. La previsión es que hoy mismo se conozca el contenido de los informes municipales encargados por el alcalde en tres frentes (Ingeniería, Intervención y Secretaría) para esclarecer «todo lo sucedido». Pero si el edil no acepta explicar para qué se usó la tarjeta y lo sustenta en documentos objetivos, la única posibilidad de conocerlo está en la vía judicial, abierta por el PCAS con la presentación de una denuncia en el Juzgado de Guardia el pasado lunes.
El concejal ‘popular’, que se encuentra suspendido cautelarmente de sus responsabilidades al frente del área de Nuevas Tecnologías, no ha hecho manifestaciones públicas desde que el pasado viernes publicara en su cuenta de la red social Twitter que está convencido de que todo este extraño suceso se aclarará debidamente.
Mientras, este periódico sabe que se ha reunido en días pasados con responsables de Telefónica para intentar que emitiera un comunicado asumiendo un error de la compañía que despejara las toneladas de dudas que pesan sobre el ‘caso factura’. La operadora se ha negado a tal posibilidad y ha mantenido la misma postura desde el primer día y que ayer mismo volvió a ser ratificada por este periódico. «La mala praxis» del concejal al conectar el duplicado donde no había tarifa plana destapó un tinglado del que ahora se requieren muchas explicaciones. No hubo ningún error de Telefónica.