La clausura de 592 panteones en el cementerio viejo de Miranda aún levanta ampollas pese a que se produjo en mayo. Algunos propietarios se han organizado y prometen dar «la batalla legal al Ayuntamiento» porque entienden que la medida carece de fundamento. Por eso, ahora preparan un «recurso potestativo» con el que aspiran a juntar al mayor número de implicados y con el que agotarán la vía administrativa.

Pese a que deben cumplir este paso, los involucrados dudan poco sobre el destino final de esta reivindicación, que dan por hecho que acabará en los juzgados. Mariángeles, una de las abogadas implicadas y que prefiere no dar su apellido, explica que el recurso se presenta a título individual, «pero si cualquier persona no sabe cómo hacer el escrito nos lo puede pedir y se lo damos». Con ese documento aspiran a «la anulación del decreto con el que se clausuraron», afirma uno de los impulsores de la plataforma, Miguel Martínez de Lecea. Además, «aunque ya lo hemos pedido por registro», volverán solicitar alternativas para usar sus panteones, aunque de manera limitada mientras se resuelve el asunto. 

«Pediremos que se puedan meter cenizas o que el entierro se pueda hacer con una empresa», afirman ambos, al tiempo que indican que han contactado con una que harían la sepultura «por unos 400 euros». «Ese dinero lo adelantarían las familias», afirman, ya que si vencen en el contencioso «lo tendría que devolver al Ayuntamiento». Pero solo si ganan.

Sobre su argumentario, mencionan la ley mortuoria de Castilla y León, que «no tiene nada que ver con la protección de riesgos laborales» zanja Martínez de Lecea, en alusión al motivo esgrimido por el Ayuntamiento. «No es que dejen de cumplir los panteones, el que no cumple es el Ayuntamiento», afirma el afectado en un caso en el que se escudan en más de una decena de leyes, pero «la primera es que el decreto de mayo debe ser nulo porque afecta a derechos fundamentales protegidos por la Constitución», aclaran.

Además, en el caso en el que el Ayuntamiento no autorice a meter cenizas o a que sea una empresa la que haga el enterramiento, la plataforma también espera que el juzgado permita estas medidas cautelares mientras se resuelve todo el proceso «que a poco puede durar un año». En este sentido, hay que tener en cuenta que hablan de que en la ciudad fallece aproximadamente una persona cada día, por lo que teniendo en cuenta que «la clausura puede afectar a unas 5.000 personas» es fácil que los casos en los que alguien muera y no se le pueda enterrar crezcan. Mientras tanto, las familias que han decidido no hacer las obras encaran la situación de diversas maneras. «Hay casos en los que se opta por la incineración, aunque otros han adquirido un nicho u otro panteón en el cementerio de Bardauri, que cuesta 9.000 euros», informan.

Luciano Sánchez | Afectado

"Quiero saber qué es lo que ocurre ahora si nos pasa algo"

Entre los propietarios de los 592 panteones sellados por el Ayuntamiento de Miranda en el cementerio antiguo hay muchas personas mayores, a las que esta situación las trastoca y muchas veces sobrepasa. No ha sucedido con Luciano Sánchez, quien no duda en que dará la batalla e "irá donde haga falta", pese a que reconoce la indefensión que siente. Más allá de esta predisposición, transmite una duda que es la que realmente le importa porque afirma que "yo solo quiero saber qué es lo que ocurre ahora si nos pasa algo", al tiempo que critica que recibió la notificación tarde, "el 30 de septiembre". En su caso, valoró hacer las obras, pero ahora tiene claro que "de gastar dinero ni hablar", al menos sin haber agotado todas las vías posibles para poder utilizar su panteón. Sánchez no entiende los motivos que han llevado a los responsables municipales a tomar una medida de este calado y también se pregunta qué problema de seguridad "puede haber para que simplemente metan unas cenizas".

Javier Cuesta y Azucena Gil | Afectados

"Nosotros reformamos el panteón en 2012 y nadie nos dijo nada"

Javier Cuesta y Azucena Gil tienen su panteón clausurado, aunque en su caso se une un condicionante menos habitual en toda esta polémica, porque ellos hicieron unas obras autorizadas por el Ayuntamiento en 2012. "Dijeron que no iban a enterrar en tierra", recuerdan, por lo que empezaron con toda la tramitación para ponerse al día. En aquel momento, se supone que ya existía la ley en la que se ha basado ahora la prohibición, por lo que esta pareja no entiende qué ha pasado porque "nosotros reformamos el panteón en 2012 y nadie nos dijo nada, pero ahora nos dicen que la puerta lateral no vale", lamentan. Por ese motivo, cuando se enteraron de la clausura realizaron una queja y creen que en su caso "la reforma actual debe correr por cuenta del Ayuntamiento". Hace ya más de una década, invirtieron unos 12.000 euros, una cantidad similar a la que ahora deberían de hacer frente, una vez más. Por eso, consideran que seguirán hasta el final, para remediar lo que entienden que "es una injusticia".

Mariángeles | Afectada y abogada implicada

"En septiembre recibí las dos comunicaciones el mismo día"

Mariángeles, abogada de profesión, es una de las implicados en organizar a los afectados, pero también tiene su historia personal. Como todos. "Me llegó el primer escrito que entregaron en junio, en el que había defectos y no tenía ninguna validez", lamenta la letrada, quien reconoce que por todos las carencias que encontró tampoco le dio mucha credibilidad al asunto, "aunque sí que empiezas a cruzar los dedos para que no pase nada en casa". Después de las vacaciones y "ya en septiembre recibí las dos comunicaciones el mismo día", recuerda Mariángeles, quien explica que en la primera "mi panteón no estaba, pero era un error". Al estar coordinando toda la movilización, cuenta situaciones duras, como un caso que ha conocido en el que "una mujer de 99 años ya les ha dicho a los familiares que ni se les ocurra incinerarla", ya que la letrada recuerda que cada persona conserva el derecho de ser enterrada como ella quiera, algo que considera que en este caso no se está respetando.

Miguel Martínez de Lecea y Concepción | Afectados

"Había oído casos sangrantes, pero entonces mi madre falleció"

Miguel Martínez de Lecea empezó a moverse, a organizar a los afectados, pero cuando su hermano le dijo lo que estaba pasando pensó "que habría oído mal y luego que no podía ser y que dentro de dos semanas quedaría en nada", recuerda. Hasta que su tía Concepción no recibió la primera carta no dio mucha credibilidad, pero "pensé que entre más de 500 alguien se empezaría a mover". No fue así y creó un grupo de Facebook "en un segundo, aunque no lo había hecho en mi vida". A partir de ese momento empezó a meter "horas y horas" en este asunto, aunque tristemente la noticia a la que más temor tenía llegó. "Yo había oído hablar de casos sangrantes, pero entonces mi madre falleció", transmite Martínez de Lecea, quien reconoce que no tuvo más remedio que incinerar a su madre, algo que ella nunca había querido. El drama lo tiene muy presente y nunca desaparecerá, pero ensalza que trató por todos los medios de frenar la prohibición, incluso en el juzgado, aunque no lo logró.