Durante la primera década de siglo -véase los años de bonanza económica- la vivienda proliferó por todos los lados. Hasta el estallido de la burbuja financiera en 2008, la construcción de pisos y casas, tanto libres como protegidas, experimentó un repunte nunca antes visto. A lo largo y ancho de la provincia (capital incluida) se levantaron entre 2003 y 2008 más de 3.200 viviendas de protección oficial, una cantidad totalmente desacompasada con el actual ritmo del sector. Aunque los ciudadanos están volviendo desde hace un tiempo a apostar por el ladrillo como valor refugio, la edificación de hogares con la categoría de protegidos es prácticamente residual.
Entre 2016 y 2023 el Ministerio de Vivienda apenas tiene constancia de 155 nuevas calificaciones definitivas en Burgos. Lejos de repartirse de forma proporcional entre esos ejercicios, 2020 con 65 y 2023 con 90 fueron los únicos cursos con solicitudes definitivas.
¿Qué ha ocurrido para que el mercado haya renunciado a la ejecución de este tipo de inmuebles? El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Abuproin), Gonzalo López Recio, lo tiene claro: «se construyó tanto que se ha consumido». El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Burgos es el que fija la ubicación y el porcentaje de este tipo de viviendas -un 30%- frente a las libres -el 70% restante- en función de cada sector desarrollado en la ciudad.
En los que hay en activo a día de hoy en la capital, como por ejemplo el S-3 (entre el G-3 y Casa la Vega), asegura que apenas restan por levantar unos pocos pisos con la calificación de VPO, mientras que en el horizonte solo aparece el S-16 (el plan parcial de San Isidro) como alternativa. Con 100.000 metros cuadrados, permitirá construir entre 663 y 883 viviendas, una de cada tres protegida. Aunque empieza ahora a impulsarse, la consecución de todas las promociones tardará aún varios años en ser una realidad. «Hace tiempo se construyó mucha VPO y ahora es algo mucho menos habitual», indica López Recio.
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