El funcionamiento de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es uno de los caballos de batalla de las organizaciones agrarias y una de las razones por las que en febrero salieron a las calles y carreteras. Este organismo es el encargado, entre otras funciones, de hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, la norma básica para garantizar que los productores reciban unos precios justos por sus cosechas o sus animales.

La reforma a la que fue sometida esta norma en 2021 se vio como un gran avance sobre el papel, pero el paso del tiempo ha dejado sensaciones desiguales. Mientras que ASAJA y COAG -que no firmaron el acuerdo de 43 medidas con el Ministerio- denuncian que esta norma queda coja por falta de medios para aplicarla, UPA -que, junto con Unión de Uniones, sí firmó- se muestra satisfecha con la actividad de la AICA, aunque pide colaboración de las comunidades.

Para esta organización agraria, el control en cuanto al cumplimiento de la Ley de la Cadena es fundamental para el sector agrario y ha valorado positivamente los esfuerzos de la Agencia por mejorar la vigilancia sobre las malas prácticas de las grandes empresas de la industria y distribución de alimentos que tienen un impacto negativo «feroz» sobre las explotaciones agrarias familiares. En este sentido, la organización ha realizado un informe de seguimiento del trabajo de la AICA desde que ésta comenzase a publicar trimestralmente las sanciones firmes que impone.

Desde entonces, su trabajo de inspección ha supuesto la imposición de 239 sanciones que han recaído en un total de 195 empresas. A esto habría que sumar las sanciones que están recurridas y aparecerán en la información publicada en el futuro, pero que responden a inspecciones ya realizadas. Las sanciones firmes suponen ya un total de 756.877 euros.

En todo caso, desde UPA señalan que en España «no hemos dejado de lado el propósito de seguir avanzando en justicia para la cadena alimentaria». Desde la entidad han explicado que, gracias al acuerdo de 43 medidas, la AICA contará con más recursos para realizar su labor. «Más recursos, humanos y económicos, significará una mejor vigilancia. En definitiva, esto multiplicará su labor inspectora y permitirá reducir las prácticas desleales en la cadena de valor agroalimentaria, lo que se traducirá en más seguridad para los pequeños agricultores y ganaderos».

Hasta ahora, los sectores que cuentan con más empresas sancionadas son el del viñedo y el de las frutas y hortalizas. Asimismo, UPA ha destacado las multas impuestas a dos empresas, Alcampo y Central Lechera de Lugo, por obstaculizar la labor de la Administración en la inspección. Y además, la organización ha revelado la reincidencia de la empresa DIA, la cual tiene sanciones en tres trimestres diferentes.

El principal motivo de sanción, explica la organización agraria, es el incumplimiento de los plazos de pago, con un 63%. «Se trata de un punto decisivo para las pequeñas explotaciones, las cuales tienen un músculo financiero menor y no pueden afrontar retrasos en los pagos». No formalizar contratos por escrito es la segunda razón de sanción, suponiendo un 23% de las mismas. Esto, sumado a la práctica de no incluir el precio en el contrato (tercer motivo de sanción con un 14%) «deja un estado de incertidumbre insoportable que suma su granito de arena a la cuestión de la salud mental en la clase agraria».

Ejemplo en Europa.

UPA destaca que la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (en referencia a la reforma de 2021) «es un ejemplo para los países de nuestro entorno». De hecho, la organización agraria ha recordado que la Comisión Europea planea lanzar una directiva que proteja a agricultores y ganaderos de todos los Estados miembros de la Unión Europea, puesto que la situación en otros lugares está lejos de la que tenemos en España. En este sentido, la Comisión ha reconocido que se está inspirando en la ley española para esa futura directiva.

Igualmente, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos consideran fundamental que las comunidades autónomas hagan uso de sus competencias para complementar el trabajo de la AICA y «pongan en marcha sus trabajos de inspección, que por desgracia hasta el momento dejan mucho que desear».