La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha denegado la puesta en libertad de Pompeyo González Pascual, que permanece en prisión provisional desde el 27 de enero, dos días después de que la Policía Nacional irrumpiera en su casa de la calle del Clavel de Miranda de Ebro para detenerle como presunto autor del envío de 6 artefactos explosivos caseros dirigidos a instituciones y empresas, incluidos el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. Los magistrados de la Sección 2ª creen que existe riesgo de fuga, dada la gravedad de las acusaciones a las que se enfrenta y de las penas, que podrían sumar 20 años de cárcel de cumplimiento efectivo.

Y también de reiteración delictiva. «La existencia en el registro domiciliario de más elementos aptos para la elaboración de otros artefactos deja abierta además la puerta a la posible voluntad del sujeto a continuar con las acciones iniciadas, por lo que la motivación relativa a la conjura de la reiteración delictiva debe igualmente ser tomada en consideración», subraya el auto, al que ha tenido acceso este periódico.

Como ya hizo constar el Juzgado Central de Instrucción número 4, la Audiencia Nacional evalúa la peligrosidad potencial del jubilado mirandés «a la vista de la demostrada capacidad de llevar a cabo actos similares, así como la constancia de visitas realizadas por el mismo a páginas web de armas y productos químicos así como otras de compra de elementos de bricolaje y tornillería, lo que evidencia, según razona en su resolución (el juez Calama), que ha estado adquiriendo conocimientos sobre química y sobre armas».

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