La queja lanzada hace unos días a través de Diario de Burgos por las casi dos mil familias de personas con discapacidad afectadas por una campaña de inspección fiscal circunscrita en exclusiva a la provincia ha llegado hasta las más altas instancias de la Agencia Tributaria (AEAT) en Madrid. La Dirección General de este organismo ha dado indicaciones en los últimos días para la paralización del envío de más notificaciones a contribuyentes que estén en la misma situación que las familias burgalesas inspeccionadas. Esta orden interna provisional -pues aún no ha sido comunicada oficialmente a la espera de la reunión del comité de dirección de la AEAT- no afecta a los procedimientos ya en marcha, cuya resolución es obligatoria por ley una vez iniciados.

A la voz de las familias y de las asociaciones que las representan (Apacid, Las Calzadas, Autismo Burgos, Aspanias y Aprodisi, además del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi) se ha unido, según ha podido conocer este Diario, la de muchos funcionarios de la AEAT que no han entendido como, en un país donde es elevado el fraude fiscal y la economía sumergida, la labor fiscalizadora se centre en unas familias con personas con discapacidad a su cargo, con la consiguiente repercusión que este control tiene en su ya de por sí compleja vida.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)