La Audiencia Provincial juzgará por estafa y alzamiento de bienes al dueño de una empresa de hormigón que, supuestamente, dejó impagadas varias facturas por suministro de cemento que superaban los 1,5 millones de euros. Según el Ministerio Fiscal, aprovechó la confianza con la empresa que le facilitaba el material para no hacer frente a los costes y mientras enriquecerse con las ventas de su fabricación. Beneficios que traspasaba a otras empresas creadas con la colaboración de otros dos individuos con la intención de ocultar el dinero. El principal procesado se enfrenta a diez años de prisión por estos hechos y los otros dos implicados a cuatro.
Según explica la Fiscalía en su escrito de acusación, el acusado A.C.B., administrador único y gerente de la empresa de fabricación de hormigón Hormibusa, llevaba desde al año 2005 comprando cemento a granel a otra compañía. Se estableció una relación de confianza en la realización de sus operaciones mercantiles, de manera que cuando le suministraban el material él libraba pagarés aplazados para su abono, «que se realizaba con normalidad».
Esto fue así, continúa la acusación pública, hasta abril de 2015, cuando decidió aprovechar el modo de proceder habitual para seguir recibiendo cemento de la empresa suministradora «pero ya con la intención de dejar de hacer frente paulatinamente a los pagarés que se emitían». Paralelamente, para evitar que la otra compañía pudiera demandarle, decidió transferir los activos a varias «sociedades instrumentales» creadas con la colaboración de los otros dos acusados, M.P.O. y G.R.P., que tenían la misión de recibir las remesas de dinero procedentes de la venta de hormigón.
Lo que explica el Ministerio Público es que, mientras Hormibusa acumulaba una deuda con su suministradora de cemento de 1.521.500,81 euros, seguía obteniendo beneficios de la venta de hormigón. Y ese dinero fue a parar a tres sociedades en las que figuraban como administradores únicos los otros dos procesados, si bien se comprometían a ceder las participaciones sociales a A.C.B., quien finalmente ingresó 1.014.589 euros en diferentes transferencias. Mientras, descapitalizó la otra compañía y la declaró en concurso voluntario de acreedores.
El fiscal solicita para A.C.B. seis años de cárcel por el delito de estafa y cuatro por el de alzamiento de bienes. Por su parte, para M.P.O y G.R.P. solicita la pena de cuatro años de prisión por su colaboración en los hechos.