Hace casi dos meses que se adjudicó a la empresa Excavaciones Mikel S.L. el derribo de las 11 viviendas levantadas ilegalmente en la pedanía de Villaverde Peñahorada, perteneciente al municipio de la Merindad de Río Ubierna, en cumplimiento de la sentencia judicial que ordena su demolición, además de la indemnización a los propietarios con 1,5 millones.
Sin embargo, las viviendas siguen en pie y el Ayuntamiento de la Merindad ha remitido un oficio al Juzgado para que esta instancia explique cómo debe proceder el Ayuntamiento ahora para cumplir la sentencia de ejecución toda vez que la empresa promotora de las viviendas no ha respondido al requerimiento municipal (remitido al domicilio social) para entregar las llaves de los inmuebles de cara a proceder a realizar el inventario de bienes y constatar que nadie habita en las casas, acto preceptivo antes de que las máquinas echen abajo los edificios. El resto de los trámites y permisos están ya concedidos y en poder del Ayuntamiento.
Fuentes de la promotora, la empresa Redebur, niegan sin embargo, que se les haya pedido las llaves a través de ningún requerimiento, «aunque si así fuera tampoco las habríamos entregado hasta que el Ayuntamiento nos pague lo que nos debe», puntualizan las mismas fuentes, en referencia a la reclamación ante los juzgados de los 800.000 euros que, según Redebur, les debe el Ayuntamiento en concepto de daños por el perjuicio patrimonial que supone el derribo de las 11 viviendas, distribuidas en dos bloques de ocho y tres viviendas respectivamente.
El alcalde de la Merindad de Río Ubierna, Raúl Martín Bellostas, asegura que ambos temas son independientes y llevan procedimientos distintos. El derribo lo tiene que ejecutar el Ayuntamiento porque hay una sentencia firme, pero no lo puede hacer sin llevar a cabo el inventario (calderas, muebles de baños, cocinas, puertas o ventanas), cuyo valor se tiene que descontar del coste de la edificación, recuerda el regidor. Martín Bellostas añade que ante la postura de la empresa tendrá que ser el juez quien diga cómo tiene que actuar el Consistorio y están a la espera de esa respuesta judicial, y añade que a la empresa se le está pagando en la forma aprobada. Excavaciones Mikel tiene 2 meses, con máximo de 4 incluida prórroga de 2 meses, para llevar a cabo la demolición.
Las viviendas fueron declaradas ilegales por una sentencia de 2006, ya que si bien cuando la empresa solicita la licencia en 2005 se podían construir bloques familiares conforme a la normativa vigente en ese momento, la modificación de las normas subsidiarias en el transcurso de la obra, dejó sin amparo ese tipo de construcciones, que no se paralizaron, sin embargo. La sentencia de derribo fue ratificada por el TSJ en el año 2009.