Muy pocas veces un auto judicial que anula una resolución del Ayuntamiento y, por tanto, sus pretensiones, ha sido tan bien recibido en el número 1 de la Plaza Mayor. Y no es para menos, después de que la Administración municipal se hubiera metido en un enorme lío al no haber atendido hasta en tres ocasiones los requerimientos del juzgado para haber expresado, a su debido tiempo, cuáles eran sus pretensiones en relación a la indemnización que se debe abonar a los propietarios del solar de la Camposa por la pérdida de los aprovechamientos urbanísticos.
Aquel silencio municipal, al que se sumó que el Ayuntamiento no recurrió tampoco un auto del 24 de octubre en el que se detallaba que se «estiman las pretensiones formuladas por la parte ejecutante» (Elcide reclamaba 3,1 millones de euros), provocó que en el Consistorio trataran de salvar los muebles con una resolución aprobada el pasado 27 de diciembre que le sirvió para mover ficha. Pagó 417.000 euros y obligó a la propiedad del solar a recurrir.
Lo que realmente perseguía el Ayuntamiento era mantener vivo el procedimiento y confiar en que el juzgado no le dijera que llegaba tarde y que su pasividad y desidia le iba a costar 3,1 millones de euros. Y parece que eso lo ha conseguido, ya que lo relevante del auto ya no es tanto que anule la resolución como apunte a que se debe incoar el procedimiento para determinar la indemnización. Dicho de otra manera, un perito judicial (a la vista de que las partes no se ponen de acuerdo en las cantidades) deberá fijar la cifra a pagar por parte del Ayuntamiento.
Elcide, por su parte, puede recurrir este auto ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León y no sería de extrañar que lo hiciera, ya que tendrán que explicarle de qué ha servido todo el proceso, aparentemente ya finalizado, que promovió en mayo del año pasado para que se ejecutara la sentencia.
Dicho de otra manera, lo que ha hecho Elcide en este tiempo es defender que el Ayuntamiento no aportó su valoración cuando se la requirió por parte del juzgado y eso desembocó en un auto que no se recurrió y que es firme.
Cabe recordar que los requerimientos por parte del juzgado se remitieron el pasado 1 de junio, el 17 de julio y también el 15 de septiembre y no se dio respuesta a ninguno de ellos. Tal fue el enfado del juzgador que en el auto del 24 de octubre se estableció la «imposición de una multa de 200 euros al encargado del cumplimiento de la sentencia». A lo que se añadió la petición de que «se indique el nombre de la persona» que tenía que haber realizado esta labor.
El concejal de Urbanismo, Manuel Manso, quiso dejar claro ayer (dio una rueda de prensa para informar de las últimas novedades) que en el área de la que es responsable se actuó tan rápido como se tuvo conocimiento de la situación. Es decir, fue en otro departamento municipal donde esos requerimientos se amontonaron sin que nadie los atendiera debidamente. Se desconoce si el Ayuntamiento ha cumplido poniendo la multa que ha exigido el juzgado que se ponga al empleado municipal responsable de esta situación.
De momento es aún pronto para saber, finalmente, cuánto le va a costar al Ayuntamiento hacerse con este solar en el que no permitió la construcción de viviendas.